La Cámara de Diputados de Mendoza convirtió en ley el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para establecer un sistema integral de ciberseguridad estatal.

La iniciativa fue aprobada por 30 votos a favor y 12 en contra, con respaldo de Cambia Mendoza y sus aliados y rechazo de los bloques del PJ, Fuerza Patria y La Unión Mendocina.

Desde el oficialismo destacaron que la provincia se convierte en la primera del país en contar con una legislación de estas características. La norma busca transformar la protección de los sistemas informáticos públicos en una política de Estado.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, estuvo presente durante el debate y afirmó: “Somos la primera provincia del país en avanzar con una ley que convierte la ciberseguridad en una política de Estado”.

Qué sistemas quedarán bajo protección

La legislación establece mecanismos para identificar riesgos, prevenir incidentes, responder ante ataques y reducir sus consecuencias sobre la administración pública.

Uno de sus principales objetivos es resguardar la infraestructura digital crítica, es decir, aquellos sistemas cuya interrupción podría afectar de manera significativa el funcionamiento del Estado o la prestación de servicios esenciales.

Entre los sectores contemplados aparecen salud, educación, seguridad pública, Justicia, Hacienda, identidad digital e interoperabilidad administrativa.

La norma también incorpora el denominado principio de control de daños, que obliga a adoptar medidas rápidas frente a un incidente para impedir que una amenaza se extienda hacia otros organismos, sistemas o servicios.

Además, establece una responsabilidad compartida: cada organismo deberá proteger sus propios datos, activos tecnológicos, sistemas y servicios, dentro de las pautas generales fijadas por la legislación.

Un comité dirigirá la estrategia provincial

Entre las herramientas centrales aparece el Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad (CCEC), que tendrá el rol de autoridad de aplicación.

El organismo deberá elaborar el Plan Provincial de Ciberseguridad, documento que definirá las políticas y lineamientos que seguirá Mendoza en materia de prevención y protección digital.

El esquema también contempla una autoridad especializada para ejecutar las medidas de prevención, vigilancia y respuesta. La ley diferencia las tareas de conducción, ejecución y fiscalización para establecer funciones y controles específicos.

Otro componente será un Centro de Operaciones de Seguridad, destinado al monitoreo permanente de los sistemas y a la detección temprana de posibles amenazas.

A esto se suma un Equipo de Respuesta ante Incidentes, que deberá intervenir cuando se produzcan ataques o se detecten vulnerabilidades, con el objetivo de contener el impacto y colaborar en la recuperación de los sistemas afectados.

Registro de ataques y vulnerabilidades

La nueva legislación también dispone la creación de un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad.

La herramienta permitirá reunir información sobre los ataques detectados, identificar vulnerabilidades, evaluar los tiempos de respuesta y mantener un seguimiento de cada incidente.

Con esos datos, el Gobierno podrá elaborar estadísticas y utilizar la información acumulada para ajustar las estrategias de prevención y fortalecer la protección de los sistemas públicos.

Rus sostuvo que el objetivo es proteger “las infraestructuras críticas, los sistemas que sostienen los servicios públicos y los datos de los mendocinos”.

La funcionaria agregó: “Damos un nuevo paso adelante para tener un Estado preparado, con herramientas para prevenir, responder y garantizar que los servicios sigan funcionando ante un ciberataque”.

El oficialismo destacó el alcance de la iniciativa

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Beatriz Martínez, defendió la sanción y sostuvo que el proyecto coloca a Mendoza “a la vanguardia a nivel nacional”.

La legisladora planteó que la seguridad dejó de estar limitada al ámbito físico y también involucra al ciberespacio, donde pueden producirse delitos, ataques contra infraestructura y vulneraciones de información sensible.

Martínez remarcó además que la iniciativa fue elaborada con aportes externos al Poder Ejecutivo. “No solo es una ley que presenta el Poder Ejecutivo, sino que es una norma que ha sido nutrida con los aportes de la universidad, la academia, técnicos y especialistas en ciberseguridad”, afirmó.

La diputada vinculó la nueva legislación con otras políticas implementadas en la provincia, entre ellas fiscalías especializadas, herramientas procesales para investigaciones digitales y distintas inversiones tecnológicas aplicadas a la seguridad.

La oposición cuestionó el alcance y la reglamentación

Desde Fuerza Patria, el diputado Lucas Ilardo consideró que se trata de un proyecto necesario, aunque cuestionó su prioridad y algunos aspectos técnicos.

Uno de sus principales planteos fue que la iniciativa concentra su atención en la infraestructura digital del Estado y no desarrolla, a su criterio, una protección suficientemente específica para los ciudadanos.

También cuestionó que determinados aspectos queden pendientes de la reglamentación y reclamó precisiones sobre las responsabilidades ante una eventual filtración de información.

“En ningún momento la ley establece la responsabilidad por la filtración de datos. Debería estar escrito el grado de responsabilidad y quién responde en esos casos”, sostuvo.

Ilardo agregó otro cuestionamiento: “Tampoco establece la obligatoriedad de avisarle al damnificado y proteger sus derechos”.

Reclamos por el manejo de datos sensibles

El jefe del bloque del PJ, Germán Gómez, coincidió en que la ciberseguridad constituye un tema relevante, aunque consideró que el proyecto necesitaba un debate más amplio antes de establecer el nuevo marco regulatorio.

El legislador reclamó mayores garantías para la protección de la información y los datos sensibles que estarán bajo administración estatal.

“La ley debería mínimamente tener un debate mucho más profundo, porque es una ley que genera un marco regulatorio”, expresó Gómez.

También cuestionó la conformación prevista para el Comité de Ciberseguridad y consideró que algunos puntos del proyecto quedan sujetos a decisiones posteriores del Poder Ejecutivo.

Con la sanción definitiva, Mendoza avanza ahora hacia la implementación de su nuevo sistema provincial de ciberseguridad. El próximo paso será desarrollar la estructura prevista por la ley y establecer mediante su reglamentación cómo funcionarán los organismos, protocolos y mecanismos de respuesta ante futuros ataques digitales.

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