La crisis de combustibles vuelve a elevar la tensión social en Bolivia, donde distintos sectores anunciaron protestas, bloqueos de rutas y movilizaciones contra las medidas económicas del Gobierno de Rodrigo Paz.

Las principales demandas están relacionadas con la escasez de diésel y con el aumento del precio para los denominados “grandes consumidores”, dispuesto mediante el Decreto Supremo 5676.

La primera protesta fue anunciada para el 2 de septiembre en San Julián, departamento de Santa Cruz. Organizaciones sociales prevén bloquear durante 24 horas las principales carreteras de la zona.

Reclamos por el precio y la falta de combustible

Los productores cuestionan especialmente el límite de 120 litros mensuales de diésel a precio subvencionado, al considerar que no alcanza para sostener las tareas agrícolas.

Los dirigentes aseguran que la medida genera dificultades durante la campaña de invierno de girasol y sorgo, dos actividades relevantes para la producción de la región.

Al conflicto se sumó el transporte pesado, que se declaró en estado de emergencia debido a las dificultades para abastecerse. El dirigente Nelson Carrillo aseguró que algunos conductores deben esperar hasta 72 horas en las estaciones de servicio.

“Si nos llaman para que apoyemos, lo vamos a hacer con bloqueos, fronteras, todo”, advirtió Carrillo, según declaraciones citadas por medios bolivianos.

También se movilizan sectores cercanos a Evo Morales

La Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari también anticipó posibles medidas de fuerza si el suministro de combustible no mejora.

Su dirigente, Rolando Choque, incluso planteó la posibilidad de desconocer el régimen excepcional que rige actualmente. “Posiblemente vamos a movilizarnos, tal vez se va a romper el estado de excepción”, afirmó.

En paralelo, organizaciones vinculadas al expresidente Evo Morales convocaron para el 4 de septiembre una marcha en Cochabamba. Las Seis Federaciones del Trópico y agrupaciones campesinas aliadas se declararon en “movilización permanente”.

El sector exige la derogación del Decreto Supremo 5676 y cuestiona el rumbo económico de la administración de Paz, al que califica de “neoliberal, empobrecedor y privatizador”. También rechaza una mayor participación de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI) en las decisiones del Gobierno.

El estado de excepción entra en su etapa final

Las nuevas amenazas de protestas se producen mientras se acerca el vencimiento del estado de excepción, vigente desde el 20 de junio y establecido inicialmente hasta el 18 de septiembre.

La posibilidad de extenderlo ya comenzó a ser discutida en el oficialismo. Algunos legisladores propusieron prolongar el régimen durante otros seis meses ante el riesgo de nuevos bloqueos y una eventual paralización de la actividad económica.

El Gobierno todavía no confirmó una prórroga. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, señaló que la continuidad de la medida será analizada con el objetivo de “garantizar las condiciones del Estado de derecho”.

En las próximas semanas, el abastecimiento de diésel y la respuesta oficial al reclamo de transportistas y productores serán determinantes para definir si Bolivia atraviesa una nueva ola de bloqueos antes del vencimiento del régimen excepcional.

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