La provincia avanzó desde febrero con casi 100
procedimientos contra el narcomenudeo, luego de asumir la competencia sobre el
microtráfico de drogas en el ámbito de la Justicia provincial.
El dato fue confirmado por el ministro de Justicia, Juan
José López Desimoni, quien explicó que la estrategia comenzó tras la adhesión
al Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico
de Estupefacientes (PRONADEM).
El funcionario remarcó que el nuevo esquema permite
concentrar la intervención provincial en las redes de menor escala, mientras
que las estructuras de mayor alcance continúan bajo competencia de la Justicia
Federal.
La provincia decidió avanzar sin esperar los
fondos
López Desimoni recordó que la transferencia de competencias
debía estar acompañada por recursos económicos nacionales, aunque esos fondos
todavía no fueron girados.
"Teníamos una disyuntiva si esperábamos los recursos o
avanzar en el tema, y decidimos avanzar", afirmó el ministro, quien
destacó el trabajo conjunto entre fiscales y la Policía.
Según explicó, la decisión permitió incrementar los
procedimientos también en localidades del interior, donde anteriormente la
intervención contra el microtráfico era más limitada.
"Ahora con la decisión política de asumir esa
competencia es darle una fuerte lucha al microtráfico", sostuvo López
Desimoni.
Más tecnología para las investigaciones
Dentro del acuerdo con Nación se incorporaron herramientas
destinadas a fortalecer las tareas de investigación. Entre ellas se encuentra
un sistema de denuncias anónimas mediante códigos QR, cuya información puede
ser recibida y geolocalizada para orientar investigaciones.
Además, el ministro confirmó que la Policía incorporará un
dron de última generación destinado a tareas de patrullaje e investigación.
La provincia también gestiona equipamiento capaz de
identificar rápidamente qué tipo de sustancia se encuentra bajo análisis, con
el objetivo de mejorar las herramientas disponibles para las fuerzas de
seguridad.
Agencia de inteligencia y fiscalías
especializadas
El funcionario señaló que el nuevo esquema requerirá
cambios institucionales de mayor alcance. Entre los proyectos mencionó la
creación de una agencia provincial de inteligencia y fiscalías especializadas
en investigaciones vinculadas al narcomenudeo.
"Falta avanzar en la agencia de inteligencias y un
consejo en seguridad con principal actuación en el ministerio y la
policía", explicó.
López Desimoni consideró que el proceso demandará equipos
profesionales integrados, entre otros especialistas, por criminólogos y agentes
capacitados para analizar el funcionamiento de las organizaciones delictivas.
El foco también estará puesto en el cibercrimen
La estrategia contempla además capacitación específica
frente al crecimiento de los delitos informáticos relacionados con actividades
criminales.
"Una de las actividades programadas dentro de este
acuerdo de asistencia es la capacitación para el cibercrimen", señaló el
ministro, quien destacó la necesidad de preparar a fiscales y fuerzas de
seguridad para investigar este tipo de delitos.
En paralelo, planteó que el combate contra las drogas debe
complementarse con políticas de prevención en los sectores más vulnerables.
"Por eso es importante el deporte para que los jóvenes
tengan una expectativa distinta y no caer en esta red", sostuvo, al
mencionar también la necesidad de generar oportunidades de empleo y garantizar
la continuidad educativa.
Los cambios que plantea la nueva ley penal
juvenil
Otro de los desafíos señalados por el ministro está
relacionado con la implementación del nuevo régimen penal juvenil, que
contempla la imputabilidad desde los 14 años.
López Desimoni advirtió que será necesario adecuar la
infraestructura destinada a jóvenes en conflicto con la ley penal y conformar
equipos especializados.
"Son lugares de readaptación donde los que gestionan
deben ser personas especialistas como psicólogos, médicos, psiquiatras",
explicó.
Mientras continúa la implementación del nuevo esquema
contra el narcomenudeo, las autoridades deberán avanzar con la incorporación de
recursos, capacitación y nuevas estructuras para sostener las investigaciones y
ampliar la capacidad de respuesta estatal frente al microtráfico y los delitos
asociados.
Con base en nota de: radiosudamericana.com
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