El Parlamento de Uruguay analiza un proyecto de ley que busca establecer una edad mínima de 15 años para utilizar redes sociales. La iniciativa fue presentada por el diputado opositor Felipe Schipani, del Partido Colorado, con el argumento de reforzar la protección de niños y adolescentes en internet.

La propuesta establece que las empresas que administran plataformas digitales deberán implementar mecanismos para impedir que menores de esa edad creen, mantengan, reactiven o utilicen cuentas personales.

El proyecto apunta a proteger la salud física y mental, la privacidad, la seguridad y los derechos de niños y adolescentes, frente a distintos riesgos asociados al uso de redes sociales.

Las plataformas deberán controlar la edad

El texto legislativo establece que los proveedores deberán adoptar medidas que sean “razonables, proporcionadas, eficaces y auditables” para hacer cumplir la restricción.

Las obligaciones recaerían principalmente sobre las compañías responsables del diseño y funcionamiento de las plataformas. En cambio, la iniciativa aclara expresamente que los padres o tutores no tendrían responsabilidad civil ni penal por el uso que hagan los menores.

El régimen contempla distintas sanciones según la gravedad de cada infracción, su reiteración, la cantidad de usuarios afectados, el beneficio obtenido y la capacidad económica de la empresa.

Entre las medidas previstas aparecen apercibimientos, multas que podrían alcanzar casi USD 1 millón y, en los casos más graves, la suspensión de la plataforma.

Qué redes quedarían exceptuadas

La propuesta también contempla excepciones para determinados servicios digitales. Entre ellos aparecen plataformas cuya finalidad principal sea educativa o de apoyo psicológico, además de aquellas que no presenten los riesgos que el proyecto busca prevenir.

Para Schipani, el avance tecnológico de los últimos años generó un nuevo desafío para los sistemas tradicionales de protección de la infancia y la adolescencia.

“Las redes sociales dejaron de ser meras herramientas de comunicación y se convirtieron en entornos permanentes de socialización, entretenimiento, información y consumo”, sostuvo el legislador en la fundamentación.

Según el diputado, el funcionamiento de estas plataformas está orientado a captar la atención, prolongar el tiempo de permanencia y recopilar información sobre los usuarios.

Los riesgos que plantea el proyecto

La iniciativa enumera distintos peligros asociados al uso de redes sociales durante la infancia y adolescencia. Entre ellos menciona el ciberacoso, grooming, captación sexual, sextorsión, difusión de imágenes íntimas y suplantación de identidad.

También advierte sobre la posibilidad de que los sistemas algorítmicos amplifiquen contenidos relacionados con autolesiones, suicidio, trastornos alimentarios, violencia, odio, drogas, apuestas y desafíos peligrosos.

“Un niño no debería ser perfilado para explotar sus inseguridades, impulsos o fragilidades”, plantea Schipani al fundamentar la necesidad de establecer mayores restricciones para los usuarios menores de edad.

El proyecto sostiene además que información relacionada con el estado de ánimo, los hábitos, la apariencia, las relaciones y las preferencias de los menores no debería utilizarse con fines de influencia comercial.

Uruguay toma como referencia otros países

La discusión parlamentaria uruguaya se suma a un debate internacional sobre la edad mínima para acceder a las redes sociales y la responsabilidad de las grandes plataformas digitales.

Entre los antecedentes mencionados aparece Australia, que estableció una edad mínima de 16 años para mantener cuentas en determinadas plataformas.

También se destaca el caso de Francia, donde durante 2025 y 2026 se discutieron iniciativas orientadas a restringir el acceso de menores de 15 años a las redes sociales.

El proyecto presentado en Uruguay deberá atravesar ahora el debate parlamentario, donde se analizarán tanto la viabilidad del control de edad como el alcance de las sanciones y las excepciones previstas. Su eventual aprobación podría convertir al país en otro de los Estados que buscan establecer límites legales específicos al acceso de menores a las plataformas digitales.

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