La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto la condena por usurpación que pesaba sobre dos integrantes de la comunidad mapuche Lof Paillako por la ocupación de tierras en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. La resolución generó repercusiones en distintos sectores de la Patagonia, que advirtieron sobre el posible impacto del fallo en futuros conflictos territoriales.

La decisión benefició a Ernesto Cruz Cárdenas y Belén Salinas, quienes habían sido condenados en 2025 por la ocupación de una fracción del parque nacional. Sin embargo, la Cámara mantuvo vigentes las acusaciones relacionadas con presuntos daños a bienes públicos y agresiones a personal de la Administración de Parques Nacionales.

La causa comenzó en 2020

La investigación se inició tras la ocupación de la seccional de guardaparques El Maitenal, cuando integrantes de la comunidad difundieron en redes sociales un reclamo territorial sobre esas tierras.

Durante el proceso judicial también se investigaron daños ocasionados en instalaciones del parque y en un puente de la zona. La Administración de Parques Nacionales participó como querellante en la causa.

En agosto de 2025, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia había condenado a Cruz Cárdenas a tres años de prisión en suspenso y a Salinas a un año y seis meses, ambos por el delito de usurpación.

Los fundamentos del fallo

Tras la apelación presentada por la defensa, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió revocar esa condena y dictar el sobreseimiento por el delito de usurpación.

En su resolución, los jueces sostuvieron que el caso debía analizarse teniendo en cuenta las normas constitucionales y los tratados internacionales que reconocen los derechos de los pueblos originarios y sus reclamos sobre territorios considerados ancestrales.

No obstante, el tribunal aclaró que la decisión no alcanza a las restantes imputaciones por presuntas agresiones a funcionarios y daños materiales, que continuarán su trámite judicial.

Repercusiones en la Patagonia

El fallo fue recibido con preocupación por organizaciones y sectores políticos de la región, que consideran que podría convertirse en un antecedente para otros conflictos vinculados con ocupaciones de tierras públicas y privadas.

Entre quienes expresaron esa postura se encuentra la Asociación Civil Consenso Patagonia, que manifestó su inquietud por los posibles efectos jurídicos de la resolución.

Por su parte, desde la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que representó a los imputados, destacaron que la sentencia "vuelve a restablecer la justicia en relación con el reconocimiento de los derechos de las comunidades mapuche".

Un antecedente reciente

La resolución se conoce pocos días después de otro fallo de la Cámara de Casación que absolvió a integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu en una causa por usurpaciones ocurridas en Villa Mascardi.

Con estos pronunciamientos, el máximo tribunal penal del país volvió a fijar criterios sobre el tratamiento judicial de los conflictos territoriales vinculados con comunidades originarias, un tema que continúa generando debate y que podría influir en futuras causas similares.

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