La crisis de Forestal Tapebicuá sumó un nuevo capítulo con
la designación de un interventor judicial en el marco del concurso preventivo.
A casi un año de la paralización de la planta ubicada en Gobernador Virasoro,
aumenta la incertidumbre sobre la continuidad de la empresa y el futuro de
cientos de puestos de trabajo.
Un conflicto que se agrava con el paso de los meses
La actividad de la planta se encuentra detenida desde el 11
de agosto de 2025, cuando la firma suspendió la producción en medio de una
compleja situación financiera.
En ese momento, la empresa acordó sostener durante más de
seis meses una parte de los salarios de sus más de 500 empleados, con el
compromiso de preservar las fuentes laborales mientras buscaba una alternativa
para reactivar la producción.
Sin embargo, ese esquema de asistencia finalizó y, casi
once meses después, los trabajadores continúan sin definiciones sobre la
continuidad de sus empleos.
El concurso preventivo y la intervención judicial
El panorama se complejizó tras el cambio de control de
Celulosa Argentina, empresa propietaria de Forestal Tapebicuá. El nuevo
accionista, el financista Esteban Nofal, realizó una inyección de capital
orientada a reactivar la operación de Celulosa Argentina, aunque ese plan no
incluyó a la planta forestal.
En ese contexto, se inició el concurso preventivo de
acreedores para ambas compañías mediante expedientes separados. El
procedimiento busca reorganizar las obligaciones financieras y evitar una
eventual insolvencia definitiva.
La reciente designación de un interventor representa un
nuevo avance dentro del proceso judicial y refuerza las dudas sobre la
posibilidad de recuperar la actividad industrial en el corto plazo.
Impacto económico y preocupación en la región
Durante años, Forestal Tapebicuá fue una de las principales
industrias madereras del noreste argentino y un motor económico para Gobernador
Virasoro y su zona de influencia.
La continuidad de la crisis no solo afecta a los
trabajadores, sino también a transportistas, contratistas, proveedores y
pequeños comercios que dependían del funcionamiento de la planta y de la cadena
forestoindustrial.
Mientras avanza el proceso judicial, el futuro de la
empresa permanece abierto. El resultado del concurso preventivo será
determinante para conocer si existe una posibilidad de recuperación o si la
compañía se encamina hacia una quiebra definitiva, con el consecuente impacto
económico y social para toda la región.
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