El Ejército de Liberación Nacional (ELN) afirmó que el
Gobierno saliente de Gustavo Petro perdió la oportunidad de avanzar en un
acuerdo de paz y dio por finalizada la posibilidad de continuar las
negociaciones iniciadas durante esa administración.
A través de un comunicado difundido por su dirección
nacional, la organización sostuvo que el proceso no prosperó debido a presuntos
incumplimientos oficiales y ratificó que su postura no contempla una
desmovilización ni el desarme como condición para alcanzar la paz.
Cuestionamientos al presidente electo
En el mismo pronunciamiento, el ELN dirigió fuertes
críticas al presidente electo Abelardo de la Espriella, quien asumirá el
próximo 7 de agosto.
La organización señaló que el futuro mandatario impulsaría
una política de seguridad inspirada en la línea del presidente estadounidense
Donald Trump, y advirtió sobre un posible endurecimiento del escenario político
y social una vez iniciado el nuevo gobierno.
Además, la guerrilla expresó que espera un contexto de
mayores restricciones para la protesta social y la movilización ciudadana,
aunque esas afirmaciones forman parte de su posicionamiento político y no
fueron acompañadas por evidencias concretas.
Acusaciones contra la gestión de Petro
El comunicado también cuestionó la administración de
Gustavo Petro, a la que acusó de no cumplir los compromisos asumidos durante
las conversaciones de paz.
Según el ELN, el Ejecutivo retomó una estrategia orientada
al desarme de la organización en lugar de avanzar hacia un acuerdo político,
interpretación que forma parte de la postura expresada por el grupo armado.
La organización aprovechó además el aniversario de su
fundación para reivindicar su permanencia y reiterar su objetivo de alcanzar
una "paz con justicia social" bajo sus propios términos.
Un escenario de incertidumbre
En el tramo final del documento, el ELN convocó a distintos
sectores sociales y políticos a conformar un acuerdo nacional para enfrentar lo
que considera una nueva etapa política en Colombia.
Mientras tanto, el cambio de gobierno previsto para el 7 de
agosto marcará un nuevo escenario para la política de seguridad y la estrategia
del Estado frente a los grupos armados ilegales, en un contexto donde el futuro
del proceso de paz permanece incierto.
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