La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia iniciaron un operativo conjunto para liberar rutas bloqueadas en distintas regiones del país, tras semanas de protestas que afectaron el tránsito y provocaron faltantes de alimentos, combustible y oxígeno.

El procedimiento se activó luego de la declaración de estado de excepción y apunta a restablecer la circulación en corredores estratégicos que conectan el occidente y el centro del territorio.

Rutas estratégicas y retiro de barricadas

Entre los principales tramos intervenidos se encuentran las rutas El Alto–Oruro y Cochabamba–Oruro. En esos puntos, los efectivos realizaron tareas de limpieza, retiro de escombros y desarme de barricadas instaladas durante las protestas.

El decreto oficial también estableció la prohibición de nuevos bloqueos y el uso de elementos violentos, aunque sin suspender derechos constitucionales. La medida tiene una vigencia inicial de 90 días, con posibilidad de finalización anticipada si cesan los conflictos.

Impacto en la población y reactivación del tránsito

La reapertura de rutas permitió la circulación de cientos de vehículos que permanecían detenidos desde hacía semanas. En algunas zonas, como Confital, Sayari y Bombeo, más de 150 camiones quedaron varados durante más de un mes.

Transportistas y comerciantes señalaron que la interrupción generó fuertes pérdidas económicas y dificultades para acceder a insumos básicos, especialmente en zonas alejadas.

Incidentes durante el operativo y puntos de tensión

En algunos sectores se registraron enfrentamientos aislados. En Cruce Aguirre, los efectivos fueron atacados con piedras desde zonas elevadas, lo que obligó a replegar temporalmente el operativo antes de retomarlo con refuerzos.

En otro punto de la ruta hacia el occidente, un hombre fue detenido con dinero en efectivo en distintas monedas, incluido real brasileño, en el marco de investigaciones vinculadas a posibles actividades ilegales durante los bloqueos.

Crisis social y origen de las protestas

Las protestas se originaron por medidas económicas del Gobierno, entre ellas la reducción de subsidios a combustibles, lo que generó aumentos de precios y malestar social. A las movilizaciones se sumaron sectores sindicales, campesinos y organizaciones afines a distintos liderazgos políticos.

El conflicto dejó un saldo de víctimas fatales por complicaciones derivadas del aislamiento vial, además de heridos y detenciones en distintos puntos del país.

Próximos pasos del Gobierno

El Ejecutivo boliviano sostiene el operativo de reapertura mientras evalúa levantar el estado de excepción si se normaliza la circulación. En paralelo, continúa el diálogo con algunos sectores, aunque otros grupos mantienen sus reclamos y rechazan los acuerdos alcanzados hasta el momento.

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