La Cámara de Diputados fue convocada a una sesión especial para el próximo 23 de junio con un temario centrado en los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de la difusión de su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2025.

La iniciativa es impulsada por distintos bloques opositores, que buscan reunir los apoyos necesarios para avanzar en mecanismos de control parlamentario sobre el funcionario nacional.

El debate se reactivó tras la presentación de documentación patrimonial en la que Adorni incorporó bienes y activos que generaron cuestionamientos políticos y pedidos de explicaciones desde distintos sectores del Congreso.

Qué implica una moción de censura

Entre los proyectos incluidos en la convocatoria figuran propuestas que podrían derivar en una moción de censura contra el jefe de Gabinete.

La Constitución Nacional contempla este mecanismo como una herramienta de control legislativo sobre quien ejerce la Jefatura de Gabinete. Para prosperar, requiere mayorías específicas en ambas cámaras del Congreso.

Los impulsores de la medida sostienen que existen elementos suficientes para que el funcionario amplíe información sobre la composición y evolución de su patrimonio.

Los cuestionamientos por la declaración jurada

Uno de los pedidos más recientes fue presentado por el diputado Pablo Juliano, quien cuestionó la consistencia de la información patrimonial declarada por Adorni y reclamó precisiones sobre determinados activos incorporados en la última presentación.

El eje de las críticas gira en torno a bienes y fondos que no figuraban en declaraciones anteriores y que fueron incluidos posteriormente en la documentación presentada ante los organismos de control.

Entre ellos aparecen activos vinculados a inversiones en criptomonedas, cuyo origen y evolución forman parte de los planteos realizados por legisladores opositores.

Aliados del Gobierno analizan su postura

En el Congreso, la atención está puesta sobre los bloques provinciales y sectores habitualmente cercanos al oficialismo, que podrían resultar determinantes para el avance de las iniciativas.

Algunos legisladores expresaron diferencias con las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete, mientras que otros consideran que los mecanismos institucionales deben seguir su curso antes de adoptar una posición definitiva.

Además, dirigentes de espacios aliados cuestionaron públicamente las omisiones detectadas en la información patrimonial, aumentando la presión política sobre el funcionario.

Un escenario complejo, pero sin riesgo inmediato

Pese al impulso opositor, el avance de una eventual moción de censura enfrenta varios pasos legislativos previos.

Los proyectos aún no cuentan con dictamen de comisión, por lo que la oposición deberá obtener primero respaldo suficiente para obligar a las comisiones correspondientes a tratar los expedientes.

Mientras tanto, Adorni ratificó su disposición a brindar explicaciones ante el Congreso y adelantó que en julio concurrirá al Senado para presentar su informe de gestión, como establece la normativa vigente.

La sesión del 23 de junio será un primer test político para medir el respaldo parlamentario del jefe de Gabinete y la capacidad de la oposición para reunir consensos en torno a los cuestionamientos planteados.

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