La Justicia de Tierra del Fuego condenó a cinco años de prisión efectiva a Carlos Córdoba, secretario general de ATE en la provincia, por una serie de estafas relacionadas con un proyecto de viviendas sociales en Ushuaia.

El fallo fue dictado por el Tribunal de Juicio Criminal Oral del Distrito Sur, que además ordenó la detención inmediata del dirigente sindical una vez finalizada la lectura de la sentencia.

La causa por las viviendas sociales

La investigación se centró en un plan de 128 viviendas impulsado por el gremio estatal en el barrio Barrancas del Río Pipo, de Ushuaia.

Según determinó el tribunal, Córdoba fue responsable de 22 hechos ocurridos entre 2013 y 2017, vinculados al manejo del programa habitacional destinado a afiliados.

Por los mismos hechos también fue condenado Miguel Ángel Arana, quien recibió una pena idéntica de cinco años de prisión efectiva.

Detención y situación judicial

Tras la resolución judicial, ambos condenados fueron trasladados a una unidad penitenciaria y permanecerán detenidos hasta que la sentencia quede firme o sea revisada por instancias superiores.

En contraste, el empresario Erik Moscoso Panozo fue absuelto de los cargos por lavado de activos al no reunirse pruebas suficientes para una condena.

La defensa insistió en su inocencia

Antes de conocerse el fallo, Córdoba sostuvo ante los jueces que no cometió ningún delito y rechazó haber obtenido beneficios personales mediante el proyecto habitacional.

El sindicalista aseguró que nunca engañó a los beneficiarios del plan y afirmó que su actuación estuvo orientada a facilitar el acceso a la vivienda para trabajadores estatales.

A pesar de esos argumentos, el tribunal consideró acreditadas las maniobras investigadas y resolvió imponer una condena de cumplimiento efectivo.

Un fallo con impacto político y sindical

La sentencia representa uno de los fallos más relevantes de los últimos años dentro del ámbito sindical fueguino, debido al rol que Córdoba desempeñó durante décadas como referente de ATE en la provincia.

Ahora la defensa podrá presentar recursos ante tribunales superiores, mientras la causa continúa su recorrido judicial y los condenados permanecen privados de su libertad.

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