La crisis política y social en Bolivia sumó un nuevo capítulo ayer. El Senado aprobó la derogación de la ley que regulaba el estado de excepción, una medida que podría darle más margen al Gobierno de Rodrigo Paz para actuar frente a las protestas y cortes de rutas que afectan al país desde hace semanas.

La iniciativa aún debe ser tratada en la Cámara de Diputados. Si obtiene la aprobación definitiva, el Poder Ejecutivo tendrá menos limitaciones legales para aplicar medidas extraordinarias en situaciones de conflicto interno.

Qué cambia con la derogación

La norma vigente desde 2020 establecía controles y condiciones específicas para declarar un estado de excepción. Entre otros puntos, exigía justificar las medidas adoptadas, fijaba límites temporales y permitía supervisión parlamentaria sobre las decisiones del Ejecutivo.

Además, regulaba el alcance de la participación de las Fuerzas Armadas en operativos de seguridad interna durante situaciones de emergencia.

Con la eliminación de esa ley, distintos sectores opositores y organizaciones sociales advirtieron sobre una posible concentración de poder en el Gobierno en medio de un escenario de fuerte conflictividad.

Protestas, bloqueos y tensión en las rutas

Bolivia atraviesa semanas de protestas marcadas por cortes de carreteras, desabastecimiento de combustibles y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Los bloqueos afectan principalmente el transporte de alimentos, medicamentos y combustibles hacia varias ciudades del país. El conflicto también impacta sobre la economía boliviana, golpeada por la inflación y la escasez de productos básicos.

En ese contexto, sectores empresariales y grupos cívicos reclamaron al presidente Rodrigo Paz medidas más duras para liberar las rutas y restablecer la circulación.

Reclamos cruzados y pedido de diálogo

El Comité pro Santa Cruz pidió públicamente declarar un “estado de excepción sectorizado” para recuperar el control de las carreteras y garantizar el abastecimiento.

Por el contrario, sindicatos, organizaciones campesinas y movimientos sociales señalaron que una decisión de ese tipo podría profundizar la violencia y agravar la crisis política.

La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos solicitaron abrir una mesa de diálogo urgente entre el Gobierno y los sectores movilizados. También reclamaron investigar denuncias por heridos y presuntos abusos durante los operativos de seguridad.

Un escenario cada vez más complejo

La tensión política creció desde principios de mayo, cuando comenzaron las protestas por la falta de combustible y el deterioro económico. Con el paso de los días, algunas movilizaciones empezaron a exigir directamente la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El Gobierno denunció ante organismos internacionales que existe un intento de desestabilización y responsabilizó al ex mandatario Evo Morales de impulsar parte de las protestas. Morales rechazó esas acusaciones y aseguró que las manifestaciones responden al malestar social acumulado.

Mientras el conflicto continúa, Bolivia enfrenta días decisivos en un contexto marcado por la incertidumbre política, la presión social y el temor a una escalada mayor de violencia.

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