La Justicia Federal de Córdoba procesó a José Pérez Alzaa, titular de la clínica Fecundart, acusado de trata de personas con fines de explotación reproductiva.

La causa investiga la supuesta captación de mujeres en situación de vulnerabilidad económica para participar en gestaciones por sustitución a cambio de dinero. También fueron procesados una empleada administrativa y un abogado señalados como parte de la maniobra.

Cómo operaba la presunta red

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, las mujeres eran contactadas inicialmente a través de registros de donantes de óvulos de la clínica.

Después de participar en esos procedimientos, algunas recibían propuestas para convertirse en gestantes mediante acuerdos económicos que rondaban los 10 mil dólares.

La fiscalía sostuvo que los acusados conocían la situación de vulnerabilidad de las mujeres y promovían los tratamientos aun en condiciones consideradas de riesgo.

Acusan irregularidades y manipulación

La causa también incluye acusaciones por transferencias embrionarias realizadas sin autorización judicial previa y por presuntas maniobras para ocultar información ante la Justicia de Familia.

En pericias realizadas sobre teléfonos celulares, los investigadores encontraron mensajes donde el abogado imputado indicaba a las mujeres qué debían responder en audiencias judiciales.

Además, la Justicia detectó casos en los que algunas gestantes fueron ofrecidas nuevamente poco tiempo después de un parto anterior, lo que habría implicado riesgos para su salud.

Millonario embargo y nuevas imputaciones

El juez federal Alejandro Sánchez Freytes ordenó un embargo superior a los 1.051 millones de pesos sobre bienes de los acusados para garantizar eventuales reparaciones económicas a las víctimas.

Los imputados también enfrentan cargos por reducción a la servidumbre y explotación agravada por abuso de vulnerabilidad. En el caso del abogado, se sumó además una acusación por falsedad ideológica.

Qué dijo la Justicia sobre la subrogación

En la resolución judicial, el magistrado aclaró que la gestación por sustitución no constituye un delito cuando existe consentimiento libre y finalidad solidaria.

Sin embargo, remarcó que la explotación comercial basada en necesidades económicas extremas puede encuadrarse como trata de personas.

La investigación continuará con nuevas medidas judiciales mientras la Cámara Federal analiza recursos presentados en la causa.

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