El fiscal Diego Luciani pidió el decomiso del departamento
donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria por la causa
Vialidad. El inmueble está ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de
Constitución, y no integraba el listado original de bienes embargados.
La solicitud fue presentada en el marco de la ejecución de
la condena por corrupción en la obra pública. Además del departamento, el
fiscal requirió avanzar sobre otras 12 propiedades vinculadas a la
expresidenta.
También se incluyeron dos cajas de seguridad en dólares
atribuidas a Florencia Kirchner.
Qué puede pasar con la prisión domiciliaria
Si la Justicia acepta el pedido de decomiso, Cristina
Kirchner deberá definir otra propiedad para continuar cumpliendo la condena de
seis años de prisión domiciliaria.
El departamento de Constitución se convirtió en un punto de
concentración para la militancia kirchnerista desde que comenzó la detención.
Allí, la exmandataria suele aparecer en el balcón para saludar a dirigentes y
simpatizantes.
La eventual mudanza modificaría además la dinámica política
que el kirchnerismo sostiene alrededor del domicilio actual.
Polémica por una salida autorizada
En las últimas horas se viralizó un video donde se observa
a Cristina Kirchner fuera de su vivienda, acompañada por custodios y saludada
por militantes en la vía pública.
La difusión generó cuestionamientos en redes sociales sobre
las condiciones de la prisión domiciliaria. Desde el entorno de la expresidenta
aclararon que la salida fue autorizada por la Justicia y respondió a una
consulta odontológica.
El episodio volvió a instalar el debate sobre los alcances
del régimen de detención domiciliaria y el control judicial sobre sus
movimientos.
El kirchnerismo busca sostener la movilización
Mientras avanza el expediente judicial, sectores del
kirchnerismo preparan nuevas actividades frente al domicilio de Constitución.
Este sábado se realizará otra edición de “Unos mates con Cristina”, una
convocatoria impulsada por agrupaciones cercanas al Instituto Patria y La
Cámpora.
La iniciativa busca mantener activa la militancia y reforzar el discurso de “proscripción” contra la exvicepresidenta de cara al escenario político rumbo a 2027.
La definición sobre el pedido de decomiso quedará ahora en
manos de la Justicia, que deberá resolver si incorpora el inmueble a los bienes
alcanzados por la condena en la causa Vialidad.
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