El Senado convirtió en ley el proyecto que modifica el régimen de regularización de armas de fuego en Argentina y extiende hasta 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas. La iniciativa fue aprobada con 40 votos afirmativos y 26 negativos.

La nueva legislación establece un plazo de 360 días para que personas con armas no registradas puedan incorporarlas al sistema legal vigente bajo determinadas condiciones.

Qué cambia con la nueva ley

La norma busca facilitar la registración de armas de fuego que actualmente se encuentran fuera del circuito oficial. Para eso, se habilitó un período especial de regularización que permitirá iniciar trámites sin aplicar sanciones penales en ciertos casos contemplados por la ley.

El objetivo del Gobierno es actualizar el padrón nacional de armas y reducir la cantidad de armamento no declarado en circulación.

Además, la ley mantiene vigente el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, que permite a los ciudadanos entregar armamento de forma anónima y sin consecuencias judiciales.

Entrega voluntaria hasta 2027

El programa de desarme, que vencía próximamente, fue prorrogado hasta el año 2027. A través de este sistema, cualquier persona puede entregar armas y municiones en centros habilitados sin necesidad de brindar datos personales.

Desde su creación, el plan fue utilizado por miles de personas en distintas provincias y es considerado una herramienta para disminuir riesgos vinculados al uso ilegal o accidental de armas de fuego.

Debate en el Congreso

Durante el tratamiento parlamentario hubo posiciones divididas. Los sectores que respaldaron la iniciativa sostuvieron que la regularización permitirá mejorar el control estatal y avanzar en un registro más preciso.

En cambio, legisladores de la oposición cuestionaron algunos puntos vinculados a las exenciones penales previstas para quienes declaren armas fuera de término.

La votación finalizó con mayoría favorable y el proyecto quedó convertido en ley tras su aprobación definitiva en la Cámara alta.

Cómo seguirá la implementación

Tras la sanción, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar los mecanismos y requisitos para iniciar la registración dentro del nuevo plazo de 360 días.

También se espera que se definan campañas informativas y operativos para reforzar tanto la regularización como la entrega voluntaria de armas en distintas regiones del país.

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