Karina Milei encabezó una actividad en San Juan junto a gobernadores y funcionarios nacionales para respaldar la nueva Ley de Glaciares y fortalecer el vínculo con las provincias mineras. La visita se dio en medio de tensiones políticas dentro del Gobierno y del avance de presentaciones judiciales contra la reforma.

La secretaria general de la Presidencia llegó acompañada por el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Minería, Luis Lucero.

Cumbre minera y respaldo político

La actividad principal fue el lanzamiento de la Mesa Federal Minera, un espacio impulsado para coordinar políticas entre Nación, provincias y empresas del sector.

Antes del encuentro, la comitiva nacional recorrió junto al gobernador sanjuanino Marcelo Orrego la planta Caleras San Juan S.A., donde mantuvieron reuniones con directivos de la empresa.

Durante la visita, Karina Milei sostuvo que Argentina tiene un fuerte potencial minero y cuestionó la falta de desarrollo histórico del sector en comparación con otros países de la región.

Reunión con gobernadores dialoguistas

En paralelo a la cumbre minera, Diego Santilli compartió un almuerzo con gobernadores de distintas provincias que mantienen diálogo con la Casa Rosada.

Participaron Marcelo Orrego, Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) , Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). La imagen del encuentro fue interpretada como una señal de respaldo político al nuevo esquema minero impulsado por el Gobierno nacional.

El eje de la nueva Ley de Glaciares

La reforma aprobada redefine el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciales. La nueva normativa otorga a cada provincia mayores facultades para determinar qué zonas cumplen funciones hídricas y qué actividades pueden desarrollarse.

Desde el Gobierno consideran que la medida busca dar previsibilidad y seguridad jurídica a las inversiones mineras, especialmente en proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Judicialización y reclamos ambientales

La modificación de la ley generó cuestionamientos de organizaciones ambientales y de algunos gobiernos provinciales. La Pampa presentó un amparo colectivo contra la reforma y ratificó su rechazo al nuevo esquema.

Además, organizaciones sociales y ambientalistas impulsaron otra demanda judicial con más de 850 mil firmas para frenar la aplicación de la norma.

Mientras avanzan las presentaciones judiciales, la Casa Rosada intenta consolidar el apoyo político de las provincias mineras y del sector empresarial para sostener la reforma en el Congreso y ante la Justicia.

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