La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la situación de los presos políticos excarcelados en Venezuela y sostuvo que gran parte de ellos continúa sometida a medidas de vigilancia y control judicial.

El informe fue presentado ante la Organización de los Estados Americanos y cuestiona el alcance real de la ley de amnistía impulsada por el régimen chavista.

Cuestionan las cifras oficiales

Durante la exposición, el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, señaló que existe una fuerte diferencia entre los números difundidos por el gobierno venezolano y los datos relevados por organizaciones independientes.

Mientras el oficialismo asegura que más de 8.000 personas fueron beneficiadas por la amnistía, organismos civiles sostienen que solo 186 recuperaron plenamente la libertad.

Además, otras 554 personas continúan bajo medidas cautelares y restricciones judiciales.

“Libertad vigilada”

La CIDH afirmó que muchos de los excarcelados siguen obligados a presentarse ante tribunales y tienen prohibiciones para salir del país o participar públicamente en actividades políticas y mediáticas.

“El sistema mantiene un esquema de libertad vigilada”, remarcaron desde el organismo regional.

También cuestionaron que las mismas estructuras judiciales acusadas de detenciones arbitrarias y torturas sean las encargadas de aplicar la ley de amnistía.

Reclamos por transparencia

El organismo pidió al gobierno venezolano una lista oficial y verificable de todas las personas liberadas bajo la nueva normativa.

La CIDH advirtió además que algunas cláusulas de la ley podrían utilizarse para avanzar nuevamente contra opositores políticos bajo acusaciones ambiguas.

En paralelo, organizaciones como Foro Penal sostienen que aún existen cientos de presos políticos en cárceles venezolanas.

Preocupación internacional

La situación fue debatida en el ámbito de la OEA, donde distintos representantes reclamaron mayor transparencia y garantías democráticas.

El embajador argentino ante el organismo también respaldó el pedido para que la CIDH pueda ingresar nuevamente a Venezuela y verificar las condiciones de detención.

El informe concluyó que las restricciones impuestas a los excarcelados reflejan que la apertura anunciada por el régimen todavía no se traduce en una libertad plena para los opositores.

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