El Congreso de Brasil aprobó una ley que reduce las condenas por delitos vinculados al intento de golpe de Estado de 2023, en una medida que impacta directamente en la situación judicial de Jair Bolsonaro.

La iniciativa dejó sin efecto el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien había rechazado el proyecto por considerar que debilitaba la defensa del sistema democrático.

Cómo cambia la situación de Bolsonaro

La nueva normativa establece que no se acumulen penas por delitos similares, lo que implica una reducción significativa en los años de prisión previstos.

Especialistas estiman que, bajo estos nuevos criterios, Bolsonaro podría acceder a un régimen menos estricto en un plazo de entre dos y cuatro años, aunque el cálculo final dependerá de la aplicación judicial.

El exmandatario cumple actualmente prisión domiciliaria desde marzo, luego de haber sido condenado a 27 años por su rol en los hechos posteriores a las elecciones de 2022.

Alcance para otros condenados

La ley también alcanza a cientos de personas involucradas en los ataques contra edificios públicos en Brasilia.

El nuevo esquema facilita el acceso a regímenes semiabiertos o domiciliarios, al fijar criterios más flexibles para el cumplimiento de las penas.

Este cambio podría acelerar la salida de prisión de numerosos condenados vinculados a los disturbios institucionales.

Debate político y cuestionamientos

Desde el oficialismo cuestionaron la forma en que se trató el veto presidencial, al sostener que el procedimiento parlamentario no respetó las normas vigentes.

Además, advirtieron que la medida podría ser inconstitucional y abrir la puerta a futuras impugnaciones judiciales.

En contraste, sectores opositores defendieron la reforma al considerar excesivas las condenas dictadas tras los hechos.

Posible intervención de la Justicia

La definición final podría quedar en manos del Tribunal Supremo, que deberá evaluar la constitucionalidad de la ley y su alcance.

El fallo que adopte la Corte será clave para determinar si los cambios se aplican de manera plena o si se introducen límites a la reducción de penas.

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