La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó una nueva movilización para el 30 de abril, en la antesala del Día del Trabajador, con una agenda centrada en reclamos económicos y laborales.

Desde la conducción sindical apuntan a la pérdida de poder adquisitivo, cuestionan la reforma laboral y expresan preocupación por el contexto social.

Críticas al fallo judicial y a la reforma laboral

Uno de los ejes del reclamo está vinculado a la reciente decisión judicial que dejó sin efecto la suspensión de la reforma laboral. Desde la CGT consideran que el proceso genera dudas institucionales.

Además, sostienen que los cambios propuestos afectan derechos laborales y anticipan que continuarán las acciones legales para frenar su implementación.

Advertencia por el clima social

Desde la central obrera señalaron que la situación económica está impactando en los trabajadores, con dificultades para cubrir gastos básicos.

En ese contexto, advirtieron que la conflictividad podría incrementarse en las próximas semanas, aunque por el momento no hay un paro general confirmado.

Cuestionamientos a datos oficiales

La dirigencia sindical también puso en duda indicadores difundidos por el Gobierno, como inflación y pobreza, y adelantó que elaborarán mediciones propias.

El objetivo es contrastar esos datos con la realidad que, según sostienen, atraviesan distintos sectores laborales.

Búsqueda de una alternativa política

En paralelo a la protesta, la CGT planteó la necesidad de avanzar en la construcción de una alternativa política más amplia, que incluya a distintos espacios.

El planteo apunta a generar una propuesta que represente los intereses de los trabajadores y aborde la situación económica.

Un escenario de mayor tensión

La movilización del 30 de abril se perfila como un nuevo punto de presión sobre el Gobierno en un contexto de creciente malestar social.

De cara a las próximas semanas, el nivel de adhesión y la respuesta oficial serán claves para definir si el conflicto escala hacia medidas de mayor alcance.

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