La organización Amnistía Internacional advirtió que la estructura represiva en Venezuela continúa activa, a pesar de la implementación de una ley de amnistía promovida por el gobierno interino. Según el informe presentado, cientos de personas siguen detenidas por motivos políticos.

Persisten las detenciones pese a la amnistía

De acuerdo con el relevamiento de organismos de derechos humanos, cerca de 500 personas continúan privadas de su libertad por razones políticas. La cifra contrasta con los datos oficiales, que hablan de miles de beneficiados por la normativa.

La ley, aprobada en febrero, establece que cada caso debe ser evaluado por la Justicia. Este mecanismo, según Amnistía Internacional, permite una aplicación selectiva que limita su alcance real.

Críticas al uso discrecional de la norma

Desde la organización señalaron que el proceso no es automático y depende de decisiones judiciales individuales. Esto genera que algunas solicitudes sean rechazadas o incluso revertidas, lo que pone en duda la efectividad de la medida.

Además, sostienen que la amnistía funciona como una herramienta de control, ya que no garantiza la liberación generalizada de detenidos.

Casos y denuncias concretas

El informe menciona situaciones de personas que continúan detenidas, así como otras que fueron liberadas pero siguen bajo investigación o con restricciones judiciales.

También se advirtió sobre el funcionamiento de centros de detención cuestionados por organismos internacionales, que, según la denuncia, continúan operativos a pesar de anuncios oficiales de cierre.

Un contexto político sin cambios estructurales

El informe se da en medio de un escenario político marcado por la transición de poder tras la salida de Nicolás Maduro y la asunción de un gobierno interino.

Sin embargo, Amnistía Internacional remarcó que no se registran transformaciones profundas en el sistema de seguridad ni en las prácticas denunciadas durante años.

Qué puede pasar en adelante

El organismo internacional insistió en que, sin reformas estructurales y garantías judiciales, las medidas anunciadas no tendrán impacto real en materia de derechos humanos.

La evolución del caso dependerá de la presión internacional y de eventuales cambios en la política interna, mientras continúan las denuncias por detenciones arbitrarias en el país.

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