El gobierno chileno resolvió suspender el proceso de regularización migratoria impulsado por la gestión anterior, que alcanzaba a más de 182.000 personas en situación irregular. La medida marca un giro en la política migratoria y refuerza el enfoque de control fronterizo.

La decisión fue confirmada por autoridades del Servicio de Migraciones, que descartaron avanzar con un esquema de regularización masiva. El plan había sido promovido durante la presidencia de Gabriel Boric como parte de un relevamiento para identificar a quienes ingresaron por pasos no habilitados.

Cambio de rumbo en la política migratoria

La nueva administración, encabezada por José Antonio Kast, sostiene que priorizará medidas más estrictas frente a la migración irregular. Entre sus objetivos, se incluye reforzar controles y avanzar con iniciativas legales para desalentar el ingreso sin documentación.

Desde el Gobierno señalaron que parte de las personas incluidas en el proceso previo registran antecedentes delictivos, lo que fue utilizado como argumento para frenar la regularización.

Actualmente, se estima que en Chile viven más de 300.000 migrantes en situación irregular, en su mayoría de origen venezolano.

Nuevas leyes y control en fronteras

El Ejecutivo anticipó que enviará al Congreso proyectos para endurecer el marco legal. Uno de ellos buscará sancionar a quienes faciliten el ingreso irregular, mientras que otro propondrá tipificar como delito el cruce ilegal de fronteras.

Además, se avanza con un plan de infraestructura en el norte del país, especialmente en zonas limítrofes con Perú, que incluye barreras físicas, mayor presencia militar y el uso de tecnología de vigilancia como drones y sensores.

El despliegue forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la seguridad en áreas críticas.

Impacto social y debate abierto

La suspensión del proceso generó preocupación entre migrantes que habían participado del empadronamiento con la expectativa de regularizar su situación. Organizaciones sociales advierten sobre el aumento de la vulnerabilidad y la falta de alternativas.

El Gobierno, por su parte, vincula el endurecimiento de las políticas migratorias con la necesidad de combatir el crimen organizado y el narcotráfico, aunque Chile mantiene una de las tasas de homicidios más bajas de la región.

Mientras avanza el debate legislativo, el enfoque migratorio del país queda en el centro de la discusión pública, con impacto directo en miles de personas.

Qué puede pasar ahora

En las próximas semanas, el Congreso deberá analizar los proyectos enviados por el Ejecutivo, mientras continúa la implementación de medidas en frontera. La definición de este nuevo esquema marcará el rumbo de la política migratoria chilena en el corto y mediano plazo.

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