La científica argentina Soledad P. M. quedó bajo investigación judicial en Brasil tras ser señalada por presuntas irregularidades en el manejo de virus de alto riesgo en un laboratorio universitario.

El caso se originó en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), donde se detectó la desaparición de material biológico sensible, lo que activó una causa penal y un debate sobre bioseguridad.

Detención y situación judicial

La investigadora, de 36 años, fue detenida en febrero y posteriormente liberada bajo condiciones. La Justicia le prohibió salir del país y regresar al laboratorio mientras avanza la causa.

La Policía Federal brasileña la imputó por presunto traslado no autorizado de virus y otras irregularidades vinculadas al manejo de material infeccioso en instalaciones de alta seguridad.

Qué material estaba involucrado

La investigación apunta a la manipulación de virus como H1N1 y H3N2, además de otros agentes patógenos considerados de riesgo.

Según los informes oficiales, las muestras fueron halladas en distintos sectores del laboratorio e incluso en contenedores de residuos. No se registraron filtraciones externas ni riesgos sanitarios para la población.

Perfil y trayectoria profesional

Soledad P. M es licenciada en Biotecnología por la Universidad Nacional de Rosario y obtuvo su doctorado en Brasil. Se desempeñaba como coordinadora de un laboratorio de virología enfocado en alimentos.

Su trabajo incluía proyectos de vigilancia epidemiológica, desarrollo de vacunas y herramientas diagnósticas, además de investigaciones sobre virus zoonóticos.

Investigación en curso y repercusiones

Las autoridades brasileñas también analizan el rol de otras personas vinculadas al entorno profesional de la investigadora, mientras continúa el proceso judicial.

En paralelo, la universidad inició una investigación interna y reforzó sus protocolos de control en laboratorios de bioseguridad.

El caso generó preocupación en la comunidad científica y reabrió el debate sobre los controles en centros que manipulan agentes biológicos. La resolución judicial será clave para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.

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