El Gobierno de Salta anunció que aplicará una multa “ejemplificadora” a los responsables de un casamiento realizado en la Quebrada de las Conchas, luego de comprobar que el evento se llevó a cabo con una autorización falsa.

Investigación por permiso apócrifo

La intervención oficial comenzó tras la viralización de imágenes de la celebración en un área protegida. A partir de allí, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable verificó que el documento presentado por los organizadores no tenía validez legal.

Según explicaron desde el organismo, el supuesto permiso carecía de elementos básicos como número de expediente, membrete oficial y resolución administrativa.

Denuncia penal y sumario administrativo

El caso derivó en la presentación de una denuncia penal por presunta falsificación de instrumento público, que quedó en manos de la Fiscalía Penal de Cafayate.

En paralelo, se inició un sumario administrativo que determinará el monto de la multa, la cual buscará sentar un precedente sobre el uso indebido de áreas naturales protegidas.

Normas ambientales incumplidas

La actividad se desarrolló dentro de una propiedad privada ubicada en la reserva, pero sin cumplir con los requisitos establecidos por la normativa provincial.

Las leyes ambientales vigentes exigen una evaluación de impacto previa y autorizaciones formales para cualquier evento, incluyendo pautas sobre sonido, residuos y horarios.

Responsabilidades y controles

Desde el Gobierno señalaron que la propietaria del predio debía gestionar los permisos correspondientes tanto a nivel provincial como municipal, lo que no ocurrió.

Personal de guardaparques se presentó en la zona para monitorear la situación, aunque no pudo ingresar al predio por tratarse de un espacio privado.

Medidas y próximos pasos

Las autoridades indicaron que la sanción económica será significativa y podría complementarse con medidas de recomposición ambiental si se detectan daños.

El caso abrió además una revisión de los mecanismos de control en áreas protegidas, con el objetivo de reforzar la fiscalización y evitar nuevos incumplimientos.

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