El Gobierno nacional avanza con el tratamiento de la nueva Ley de Glaciares en Diputados, con la intención de aprobarla en abril, en medio de cuestionamientos de la oposición y organizaciones ambientalistas.

Audiencias públicas y aval judicial

La Cámara de Diputados realizará esta semana dos jornadas de audiencias públicas para analizar los cambios en la normativa, ya aprobada por el Senado.

Las exposiciones se llevarán a cabo el miércoles 25 y jueves 26 de marzo, con horarios extendidos y participación abierta, aunque con un sistema mixto que combina intervenciones presenciales y virtuales.

El esquema fue ratificado por la Justicia, que rechazó un pedido de suspensión presentado por organizaciones ambientales que cuestionaban las condiciones de participación.

Cuestionamientos por la participación

Más de 100 mil personas se inscribieron para intervenir en el proceso. Sin embargo, se establecieron límites de tiempo para cada exposición y la posibilidad de presentar contenidos mediante videos.

Desde sectores ambientalistas señalaron restricciones en la modalidad, mientras que autoridades parlamentarias defendieron el procedimiento y aseguraron que cumple con los estándares de participación.

Además, se dispuso que solo los diputados integrantes de las comisiones intervinientes podrán estar presentes durante las audiencias.

El objetivo: llegar al recinto en abril

Una vez finalizadas las audiencias, el oficialismo prevé avanzar con la firma de dictámenes en comisiones durante la primera semana de abril.

La intención es llevar el proyecto al recinto alrededor del 15 de ese mes, para su tratamiento definitivo en la Cámara baja.

En paralelo, el bloque oficialista trabaja para reunir el quórum necesario y consolidar los apoyos para la aprobación de la iniciativa.

Cambios en la protección de glaciares

El proyecto propone modificaciones a la ley vigente desde 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial.

Entre los puntos centrales, se plantea otorgar mayor margen a las provincias para definir qué áreas proteger y en cuáles habilitar actividades productivas.

Esto podría permitir el desarrollo de industrias como la minería o la exploración energética en determinadas zonas, bajo criterios definidos a nivel provincial.

Debate político y apoyo de provincias

El oficialismo cuenta con el respaldo de legisladores de provincias cordilleranas interesadas en ampliar las posibilidades de desarrollo económico en sus territorios.

Sin embargo, sectores de la oposición ya anticiparon su rechazo a los cambios, al considerar que implican un retroceso en materia de protección ambiental.

El proyecto fue aprobado en el Senado con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, y ahora enfrenta una instancia decisiva en Diputados.

El resultado del debate definirá el alcance de la normativa y su impacto tanto en la preservación ambiental como en las actividades productivas vinculadas a recursos naturales.

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