El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz inició el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017. Cuatro ex jefes de la Armada Argentina están acusados por presuntas fallas de mantenimiento que habrían derivado en la muerte de los 44 tripulantes. El proceso se desarrolla mientras continúa vigente el secreto militar sobre parte de la documentación técnica.

Los acusados y los cargos

En el banquillo se encuentran Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, quienes ocupaban cargos clave en la cadena de mando naval al momento del siniestro.

La acusación, impulsada por la Fiscalía Federal de Caleta Olivia y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), les atribuye incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado.

Durante la primera audiencia se leyó el requerimiento de elevación a juicio. Las indagatorias comenzarán tras la etapa de planteos preliminares.

Debate por el secreto militar

El tribunal, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez, confirmó que aún aguarda una definición del Ministerio de Defensa sobre el levantamiento del secreto militar.

La medida es clave para que puedan exhibirse en el debate oral planos, fotografías e informes técnicos del submarino, considerados prueba central para determinar responsabilidades.

El juicio se desarrolla con modalidad mixta, con audiencias presenciales en Río Gallegos y participación virtual de algunas partes.

120 testigos y veredicto en julio

Las partes deberán acordar el orden de declaración de los 120 testigos previstos. Si no hay consenso, lo resolverá el tribunal.

Está previsto que declaren entre seis y ocho personas por jornada para no extender más de cinco semanas la etapa testimonial. Según el cronograma, el veredicto podría conocerse a mediados de julio.

Las alertas previas al hundimiento

La acusación sostiene que existían múltiples advertencias internas sobre el estado del submarino antes de su última misión.

Entre los antecedentes figuran tareas de mantenimiento pendientes tras la reparación de “media vida”, observaciones de la Sindicatura General de la Nación sobre riesgos en las baterías, pedidos de ingreso urgente a dique seco y reportes de fallas en periscopios, sistema de propulsión y válvulas de casco.

También se incorporaron testimonios que describen preocupación dentro de la tripulación por las condiciones operativas de la nave.

El ARA San Juan implosionó el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur y fue localizado un año después a casi 900 metros de profundidad. El juicio buscará establecer si las fallas advertidas eran conocidas por la conducción naval y si pudieron evitar la tragedia.

La resolución del proceso marcará un punto clave para las responsabilidades penales y para el reclamo de verdad y justicia que sostienen los familiares de los 44 submarinistas.

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