La Justicia bonaerense respondió con pedidos de informes al reclamo del fiscal Patricio Ferrari para prohibir el uso de celulares en las cárceles a los detenidos vinculados a “La Banda del Millón”, acusada de robos violentos y dos homicidios en el norte del conurbano.

La medida buscaba impedir que los presuntos líderes sigan coordinando delitos desde prisión.

El planteo del fiscal

El 12 de febrero, Ferrari solicitó la prohibición absoluta de celulares y dispositivos con acceso a internet para unos 40 internos investigados por integrar la organización criminal.

La banda está señalada por una serie de asaltos violentos y por utilizar menores de edad para ejecutar los golpes, mientras los jefes darían órdenes desde unidades penitenciarias.

Hallazgo en una celda

En las últimas horas, durante una requisa en el penal de Melchor Romero, agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) encontraron un teléfono celular en la celda de Lucas Ezequiel Mereles, uno de los presuntos líderes.

El aparato —un Samsung A32— habría sido utilizado en una videollamada junto a otro imputado durante un robo resonante en el conurbano. Según consta en actuaciones oficiales, el dispositivo estaba identificado y registrado.

Qué resolvieron los tribunales

El caso involucra al Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro y al Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro, que tienen a varios de los acusados bajo su órbita.

Ambos tribunales enviaron oficios al SPB solicitando información urgente sobre si los internos poseen teléfonos, qué líneas utilizan, si tienen acceso a internet y si existen causas nuevas vinculadas al uso de esos dispositivos.

También requirieron detalles sobre eventuales traslados, medidas de seguridad aplicadas y el protocolo vigente para el uso de celulares en cárceles, especialmente tras las disposiciones adoptadas durante la pandemia

Sin embargo, hasta el momento no hubo una resolución que disponga la prohibición general solicitada por la fiscalía.

Un debate que sigue abierto

El pedido incluyó además notificaciones al Ministerio de Justicia bonaerense y a otros juzgados intervinientes. La discusión de fondo gira en torno al control de las comunicaciones en prisión y su impacto en la continuidad de actividades delictivas.

La definición judicial será clave para determinar si se restringe el uso de tecnología en cárceles provinciales o si se mantienen los esquemas actuales bajo supervisión penitenciaria.

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