La posibilidad de un nuevo paro de colectivos en Corrientes quedó sobre la mesa. La delegación local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que, si las empresas no abonan un bono de $70 mil comprometido con los trabajadores, se avanzará con medidas de fuerza desde el miércoles 25.

El reclamo alcanza tanto a la capital como al interior provincial y mantiene en alerta a miles de usuarios del transporte público.

Reclamo salarial y ultimátum

El secretario general de la UTA Corrientes, José Luis Sabao, confirmó que el plazo original para el pago venció el 20 de febrero. No obstante, el gremio otorgó una prórroga hasta mañana para que las empresas regularicen la situación.

El monto en cuestión surge de un acuerdo firmado previamente entre las partes. Desde el sindicato remarcaron que exigirán el cumplimiento de lo pactado y que, en caso contrario, se activará un paro de colectivos en Corrientes.

Empresas apuntan a la falta de subsidios

Según explicó el dirigente, los empresarios argumentaron que no cuentan con los fondos necesarios para afrontar el pago. Señalan que la demora en la llegada de subsidios provinciales habría afectado la estructura financiera del sector.

De acuerdo con esa versión, los envíos de asistencia estatal registrarían retrasos desde hace varios meses, lo que agravó la situación económica de las compañías que prestan el servicio urbano e interurbano.

Impacto en usuarios y negociación contrarreloj

El conflicto pone en riesgo la normal prestación del transporte público, un servicio esencial para trabajadores, estudiantes y vecinos que dependen diariamente de los colectivos en la ciudad de Corrientes y otras localidades.

Desde la UTA aseguraron que priorizan la paz social, pero insistieron en que el compromiso salarial debe cumplirse. Las próximas horas serán clave para evitar una interrupción que podría afectar de manera directa la movilidad urbana en plena semana laboral.

Si no hay una solución antes del martes, el miércoles podría amanecer sin colectivos en Corrientes, en un escenario que volvería a tensionar la relación entre empresas, trabajadores y el Estado provincial.