El Parlamento de Venezuela dio ayer un paso clave en el escenario político al aprobar por unanimidad una ley de amnistía que habilita la liberación de personas detenidas por hechos vinculados a conflictos políticos.

La iniciativa fue impulsada por la presidenta del cuerpo legislativo, Delcy Rodríguez, y será promulgada en las próximas horas. La norma alcanza a ciudadanos procesados o condenados desde 1999 en causas relacionadas con protestas, manifestaciones y disputas institucionales.

Alcance de la amnistía

El texto establece la extinción de la acción penal y de las condenas en expedientes encuadrados en contextos de confrontación política. Entre los potenciales beneficiarios figuran dirigentes opositores, activistas sociales, periodistas y abogados defensores.

También contempla situaciones derivadas de protestas posteriores a procesos electorales recientes, en los que se registraron detenciones masivas en distintos puntos del país.

La aplicación será caso por caso y requerirá la revisión administrativa y judicial de cada expediente.

Contexto político y cambios recientes

La aprobación se produce tras la captura del ex mandatario Nicolás Maduro, un hecho que aceleró modificaciones institucionales y la liberación progresiva de detenidos en las últimas semanas.

De acuerdo con registros de la ONG Foro Penal, antes de la votación más de 600 personas permanecían privadas de libertad por motivos políticos. En las semanas previas ya se habían anunciado excarcelaciones, aunque muchas bajo régimen de libertad condicionada.

El nuevo marco legal no reforma el Código Penal, pero crea un mecanismo extraordinario para cerrar procesos vinculados a disputas políticas.

Debate y próximos pasos

Uno de los puntos discutidos fue la situación de quienes abandonaron el país o permanecen fuera del territorio para evitar detenciones. Legisladores señalaron que deberán presentarse ante la Justicia para acceder al beneficio.

Organizaciones de derechos humanos reclamaron que la implementación garantice liberaciones plenas y sin restricciones adicionales.

Con la sanción parlamentaria, el régimen interino deberá reglamentar la ley y definir los plazos de aplicación. El impacto concreto dependerá de la rapidez con que se activen los mecanismos judiciales para revisar cada caso.

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