El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la revocación de la llamada “Endangerment Finding”, la norma que permitía regular las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel federal.

La decisión elimina el fundamento legal que habilitaba a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a fijar límites sobre dióxido de carbono, metano y otros gases vinculados al cambio climático.

El anuncio fue realizado en la Casa Blanca junto al titular de la EPA, Lee Zeldin, y representa un giro en la política climática del país.

Qué implicaba la norma derogada

La disposición había sido adoptada en 2009 durante la presidencia de Barack Obama.

Establecía que seis gases de efecto invernadero eran perjudiciales para la salud pública y debían ser regulados como contaminantes bajo la legislación ambiental vigente.

A partir de ese marco, se implementaron restricciones para industrias como la automotriz, obligadas a incorporar tecnologías para reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética.

Con la revocación, esas exigencias quedan sin sustento normativo federal.

Argumentos del Gobierno y reacción opositora

Trump sostuvo que la determinación original carecía de base legal y científica suficiente, y defendió la medida como un alivio económico para consumidores y empresas.

Desde el oficialismo estiman que la desregulación podría implicar un ahorro millonario para la economía estadounidense.

La decisión generó críticas de científicos y organizaciones ambientales, que alertan sobre el impacto en la salud pública y en la lucha contra el calentamiento global. Obama afirmó que la medida hará que los estadounidenses estén “menos seguros y menos saludables”.

Posible batalla en los tribunales

Especialistas anticipan que la revocación será impugnada en la Justicia federal. El caso podría escalar hasta la Corte Suprema, en un escenario de fuerte disputa política y legal.

Estados Unidos es uno de los principales emisores históricos de gases contaminantes. En paralelo, los registros climáticos indican que 2025 fue uno de los años más cálidos desde que existen mediciones.

El cambio de rumbo consolida la postura del actual gobierno a favor de la industria de los combustibles fósiles y marca un nuevo capítulo en el debate global sobre cambio climático y regulación ambiental.

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