El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la
revocación de la llamada “Endangerment Finding”, la norma que permitía regular
las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel federal.
La decisión elimina el fundamento legal que habilitaba a la
Agencia de Protección Ambiental (EPA) a fijar límites sobre dióxido de carbono,
metano y otros gases vinculados al cambio climático.
El anuncio fue realizado en la Casa Blanca junto al titular
de la EPA, Lee Zeldin, y representa un giro en la política climática del país.
Qué implicaba la norma derogada
La disposición había sido adoptada en 2009 durante la
presidencia de Barack Obama.
Establecía que seis gases de efecto invernadero eran
perjudiciales para la salud pública y debían ser regulados como contaminantes
bajo la legislación ambiental vigente.
A partir de ese marco, se implementaron restricciones para
industrias como la automotriz, obligadas a incorporar tecnologías para reducir
emisiones y mejorar la eficiencia energética.
Con la revocación, esas exigencias quedan sin sustento
normativo federal.
Argumentos del Gobierno y reacción opositora
Trump sostuvo que la determinación original carecía de base
legal y científica suficiente, y defendió la medida como un alivio económico
para consumidores y empresas.
Desde el oficialismo estiman que la desregulación podría
implicar un ahorro millonario para la economía estadounidense.
La decisión generó críticas de científicos y organizaciones
ambientales, que alertan sobre el impacto en la salud pública y en la lucha
contra el calentamiento global. Obama afirmó que la medida hará que los
estadounidenses estén “menos seguros y menos saludables”.
Posible batalla en los tribunales
Especialistas anticipan que la revocación será impugnada en
la Justicia federal. El caso podría escalar hasta la Corte Suprema, en un
escenario de fuerte disputa política y legal.
Estados Unidos es uno de los principales emisores
históricos de gases contaminantes. En paralelo, los registros climáticos
indican que 2025 fue uno de los años más cálidos desde que existen mediciones.
El cambio de rumbo consolida la postura del actual gobierno
a favor de la industria de los combustibles fósiles y marca un nuevo capítulo
en el debate global sobre cambio climático y regulación ambiental.
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