La Justicia federal procesó a 19 personas, entre exfuncionarios y empresarios, por integrar una asociación ilícita que operaba dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y desviaba fondos públicos destinados a personas con discapacidad.

El principal acusado es Diego Spagnuolo, extitular del organismo, señalado como jefe de una red que manipulaba compras y contratos para beneficio privado.

Compras dirigidas y sobreprecios millonarios

Según el procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello, el esquema se basaba en el direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo, conocidos como PACBIN.

La investigación determinó sobreprecios de hasta el 838%, que beneficiaron a un grupo reducido de droguerías: Profarma, Génesis, New Farma y Floresta, que concentraron contratos millonarios.

Acceso irregular a sistemas oficiales

Uno de los puntos centrales de la causa es el uso indebido del sistema SIPFIS, al que accedían personas ajenas al Estado mediante usuarios habilitados de forma irregular.

De este modo, actores privados podían intervenir en las compulsas de precios y definir adjudicaciones, eludiendo controles administrativos.

Alias, mensajes y pruebas clave

La causa también expuso el uso de nombres en clave y alias para encubrir comunicaciones entre los implicados.

Pericias sobre teléfonos y correos electrónicos permitieron reconstruir conversaciones que comprometen a los acusados.

Un testimonio clave fue el de un empresario del sector farmacéutico que alertó sobre maniobras irregulares y aportó documentación a la Justicia.

Embargos y nuevas indagatorias

El juez dispuso un embargo por más de $202.000 millones sobre Spagnuolo y ordenó la intervención judicial de las droguerías involucradas.

La investigación, a cargo del fiscal Franco Picardi, ingresó ahora en una nueva etapa y no se descartan más imputaciones a medida que se profundice el análisis del entramado financiero.

Impacto institucional

El caso ANDIS dejó al descubierto un sistema de corrupción estructural que afectó recursos destinados a uno de los sectores más vulnerables y reabre el debate sobre los mecanismos de control del gasto público.

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