La discusión por la reforma laboral ingresó en una etapa
clave con definiciones políticas y parlamentarias en marcha. Los gobernadores
de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, coincidieron en
la necesidad de modernizar el sistema, pero condicionaron su apoyo a que no se
perjudiquen los recursos provinciales.
El pronunciamiento se dio en medio de las negociaciones del
Gobierno nacional para reunir los respaldos necesarios y llevar el proyecto al
recinto del Senado, con fecha tentativa de debate para el 11 de febrero.
El reclamo de Córdoba y Santa Fe
Ambos mandatarios plantearon que la actualización de las
normas laborales debe contemplar los cambios tecnológicos y aliviar la carga
sobre las pymes, especialmente en materia de litigiosidad.
Sin embargo, expresaron reparos sobre el impacto fiscal del
proyecto. En particular, advirtieron que una reducción del Impuesto a las
Ganancias para empresas podría afectar la masa coparticipable y los
presupuestos provinciales.
Impacto fiscal en discusión
De acuerdo con estimaciones técnicas citadas en el debate,
la iniciativa podría comprometer más de $3,1 billones de recursos
coparticipables si se mantiene el esquema actual. Los gobernadores señalaron
que una baja impositiva no debería recaer exclusivamente sobre tributos que se
distribuyen entre Nación y provincias.
Pullaro sostuvo que el interior productivo necesita reglas
que fomenten el empleo sin depender de asistencia, mientras que Llaryora
anticipó que sus legisladores analizarán el proyecto artículo por artículo.
La Casa Rosada suma apoyos
En paralelo, el Gobierno avanzó con contactos políticos y
logró el respaldo de al menos cinco gobernadores para el tratamiento de la ley.
Desde el oficialismo destacan que la reforma apunta a generar empleo formal y
previsibilidad para el sector productivo.
También se intensificó el trabajo técnico con bloques
aliados y entidades empresarias, con el objetivo de llegar al debate con mayor
consenso y reducir resistencias.
Definición abierta en el Congreso
Mientras algunos mandatarios ya expresaron su apoyo, otros
mantienen una postura intermedia y condicionada. La negociación continúa y el
resultado final dependerá de los cambios que se incorporen durante el debate
legislativo en el Senado.
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