El Gobierno de Irán rechazó la decisión de Argentina de declarar a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista y advirtió que habrá una respuesta. La reacción oficial, expresada por la Cancillería iraní, se produjo luego de que la Casa Rosada incorporara al grupo y a trece personas vinculadas al mismo al registro nacional de terrorismo, una medida que importa por sus implicancias diplomáticas, judiciales y financieras.

La calificación fue difundida por la Oficina del Presidente y se adoptó tras una coordinación entre la Cancillería, los ministerios de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Inteligencia del Estado. El Gobierno argentino atribuyó a la Fuerza Quds responsabilidad en los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y la AMIA, en 1994, hechos que dejaron 114 muertos y que aún no cuentan con condenas judiciales firmes en el país.

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Baghaei, sostuvo que la medida viola principios del derecho internacional al calificar como terrorista a una unidad que forma parte de las fuerzas armadas de un Estado. En ese marco, advirtió que la decisión será respondida, sin precisar el alcance ni el tipo de acciones previstas.

Con la incorporación de la Fuerza Quds al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), Argentina habilitó sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar cualquier vínculo con el sistema económico local. La resolución también refuerza la posición argentina en foros internacionales donde se debaten responsabilidades por los atentados de los años noventa.

La decisión recibió respaldo explícito de Estados Unidos e Israel. Washington valoró la medida como un aporte al esfuerzo global contra el terrorismo respaldado por Irán, mientras que Jerusalén la interpretó como un reconocimiento a las víctimas de los ataques en Buenos Aires. En contraste, para Irán el paso argentino se inscribe en una estrategia alineada con sus adversarios regionales y globales.

En el corto plazo, el principal interrogante es la naturaleza de la respuesta iraní, que podría traducirse en gestiones diplomáticas, reclamos en organismos internacionales o un enfriamiento de los vínculos bilaterales. Para Argentina, la decisión abre un nuevo capítulo en su política exterior y de seguridad, con eventuales efectos sobre su relación con países de Medio Oriente y sobre la cooperación judicial internacional vinculada a causas de terrorismo.

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