La investigación por abigeato en la localidad correntina de
La Cruz avanzó con nuevos allanamientos, el secuestro de otros 20 vacunos de
origen presuntamente irregular y el pedido de una nueva detención, en una causa
que tomó impulso tras la visita del gobernador Juan Pablo Valdés a la zona
afectada.
Las medidas fueron ordenadas a pedido de la fiscal en turno
de Paso de los Libres, Daniela Di Tomaso, con autorización del juez Daniel
Insaurralde. El operativo se realizó en un establecimiento rural donde se
detectaron terneros sin documentación respaldatoria clara y se incautaron
papeles que ahora serán analizados por la Justicia. El propietario de la
hacienda, identificado como Manuel Galeano, quedó bajo pedido de detención. El
avance judicial se inscribe en una ofensiva contra el delito rural en la costa
del río Uruguay, reclamada por sociedades rurales y asociaciones productivas
que se reunieron recientemente con el mandatario provincial.
Con este procedimiento, el número total de animales
secuestrados asciende a 101, si se suman los 81 vacunos incautados en los
primeros allanamientos realizados entre el 5 y el 7 de enero. En esa etapa
inicial fueron detenidos Carlos Alberto Meneses y el chofer del camión, Eulogio
Manuel Monzón, interceptados en un control vial sobre la Ruta Provincial 114,
en el paraje Rincón Poí, cuando transportaban 20 animales con marcas y señales
irregulares. Entre los aprehendidos figura además un familiar directo de una
concejal de La Cruz, lo que añadió repercusión política al caso. Para los
productores ganaderos, el avance de la causa representa una respuesta concreta
frente a pérdidas económicas acumuladas por el robo sistemático de hacienda.
La llegada del gobernador Valdés a la zona, junto al
ministro de Seguridad Adán Gaya y la cúpula policial provincial, reforzó el
despliegue operativo y el seguimiento judicial. Este martes continuaban los
allanamientos en un campo del paraje San Gabriel, a unos 80 kilómetros de La
Cruz, cerca del empalme con la Ruta Provincial 40. La Fiscalía no descarta
nuevas imputaciones a partir de la documentación secuestrada y de la
identificación de otros predios bajo sospecha, mientras se evalúa la
trazabilidad de los animales recuperados y su restitución a los damnificados.
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