El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta juzga desde diciembre de 2025 a una organización integrada por siete personas —entre gendarmes en actividad, exonerados y aspirantes— acusadas de transportar 334 kilos de cocaína. La investigación expuso un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde los imputados intercambiaban audios y videos con instrucciones para ocultar la droga y sortear controles, un elemento clave para reconstruir el funcionamiento de la red.

La causa se inició el 19 de mayo de 2024, cuando Gendarmería interceptó una camioneta Volkswagen Amarok en la ruta provincial N°5, a la altura de General Pizarro, departamento de Anta. Al volante iba Diego Hernán Delgado, cabo primero de la fuerza, quien admitió transportar estupefacientes. En el vehículo se hallaron 302 kilos de cocaína distribuidos en 293 paquetes. A partir de ese procedimiento, el Ministerio Público Fiscal avanzó sobre una estructura que combinaba conocimiento operativo interno y logística externa. La acusación identificó como organizadores a Jonathan Leonel Ostapowicz, comerciante, y a Adrián Emilio Escarlata, ex gendarme, quien coordinaba tareas y asignaba roles.

El expediente describe la participación de otros implicados, entre ellos Federico Rubén Batista, señalado por trasladar la camioneta desde Misiones a Buenos Aires sin autorización; y Richar Ariel Delgado, dado de baja con anterioridad tras un hallazgo de 600 mil dólares en su poder. Un segundo operativo, el 26 de octubre de 2024, permitió secuestrar otros 31 kilos de cocaína ocultos en la rueda de auxilio de un vehículo conducido por Escarlata, detenido en el puesto fijo de El Naranjo. En las audiencias, testigos y peritajes confirmaron la relevancia del chat “Los Peluches”, donde circulaban tutoriales para “embutir” la droga en asientos y ruedas, y recomendaciones sobre protocolos internos de control, lo que otorgaba ventajas operativas a la organización. La acusación encuadra los hechos como transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de intervinientes y, en algunos casos, por el uso de la función pública.

El debate oral se reanudará en febrero de 2026, tras la feria judicial. El tribunal deberá valorar el peso probatorio de los mensajes, audios y videos incorporados, así como las responsabilidades individuales dentro de la estructura. Las penas en expectativa son elevadas y el fallo tendrá impacto institucional, al poner bajo escrutinio los mecanismos de control interno y la integridad de las fuerzas de seguridad en zonas sensibles al narcotráfico.

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