El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender públicamente el préstamo REPO por USD 3.000 millones acordado con bancos internacionales, destinado a afrontar vencimientos de deuda por más de USD 4.200 millones que operan este viernes 9 de enero. En un intercambio en redes sociales, el funcionario sostuvo que la operación implica una reducción de la deuda neta y cuestionó a las gestiones kirchneristas por su política de financiamiento basada en el déficit fiscal.

El nuevo crédito se inscribe en un momento sensible del calendario financiero argentino, marcado por el mayor vencimiento de deuda del año en los primeros días de enero. El acuerdo fue cerrado por el Banco Central bajo la modalidad REPO —un préstamo garantizado con activos— por un plazo de 12 meses y a una tasa anual del 7,4%, inferior a operaciones similares realizadas en 2025. Según fuentes del mercado, participaron seis entidades financieras internacionales, entre ellas bancos de primera línea global, aunque la autoridad monetaria no difundió oficialmente los nombres.

Caputo había anticipado semanas atrás que el Gobierno evaluaba captar hasta USD 7.000 millones por esta vía. Finalmente, tras recibir ofertas por USD 4.400 millones, optó por tomar USD 3.000 millones, en lo que constituye el tercer REPO de la actual gestión. El ministro utilizó el anuncio para contrastar la estrategia actual con la de administraciones anteriores, señalando que el actual programa económico se apoya en el equilibrio fiscal y no en el endeudamiento para cubrir gastos corrientes.

El vencimiento del 9 de enero asciende a USD 4.216 millones, concentrados principalmente en bonos Globales y Bonares. De ese total, alrededor de USD 500 millones están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, por lo que no impactan directamente sobre las reservas internacionales. El mecanismo financiero permite que los dólares ingresen al Banco Central y, a través de operaciones internas, el Tesoro acceda a los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones.

Desde el Gobierno destacan que, al tomar USD 3.000 millones para cancelar compromisos por un monto mayor, la operación resulta en un financiamiento neto negativo. A este esquema se suman otros ingresos recientes en divisas, como compras en el mercado oficial, USD 910 millones obtenidos por la ampliación del Bonar 2029 y USD 700 millones provenientes de la privatización de centrales hidroeléctricas del Comahue, lo que refuerza la posición de liquidez de corto plazo.

La atención del mercado estará puesta en la capacidad del Ejecutivo para sostener esta estrategia financiera a lo largo del año, en un contexto de tasas internacionales aún elevadas y necesidad de refinanciar vencimientos relevantes. El desafío central será consolidar la reducción del riesgo país y ampliar el acceso al crédito a costos decrecientes, sin comprometer el objetivo de equilibrio fiscal. El desempeño de las reservas y la evolución de la confianza inversora serán variables clave para definir los próximos pasos del programa económico.

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