El Gobierno nacional inició una ofensiva pública para promover la adhesión a la ley de Inocencia Fiscal, aprobada por el Senado, con el objetivo de que los ahorros en dólares no declarados ingresen de manera rápida y masiva al sistema formal. La estrategia combina mensajes del Ministerio de Economía, del Banco Nación y de funcionarios clave, y busca estimular el consumo, ampliar la oferta de divisas y fortalecer las reservas del Banco Central.

La norma se apoya en la creación de un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, cuya adhesión es condición necesaria para acceder a los beneficios de la ley. El esquema fue diseñado por el equipo económico que encabeza el ministro Luis Caputo y por técnicos de la ex Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en un contexto de escasez de dólares, restricciones de financiamiento externo y necesidad de reactivar la actividad. Según datos oficiales, antes incluso de la sanción legislativa, unas 20.000 personas ya se habían inscripto en el nuevo régimen.

El Gobierno apuesta a que la formalización de los llamados “dólares del colchón” incremente la circulación monetaria y facilite operaciones de consumo, inversión y ahorro dentro del sistema bancario. Desde el Banco Nación informaron que sus más de 700 sucursales están preparadas para recibir depósitos en dólares con el único requisito de acreditar la adhesión al régimen simplificado. La medida apunta especialmente a pequeños y medianos ahorristas, y busca reducir fricciones regulatorias vinculadas a controles de cumplimiento y reportes financieros.

El éxito de la iniciativa dependerá del nivel de confianza que genere entre los contribuyentes y de la aplicación uniforme de la ley por parte de las entidades financieras. En el corto plazo, el Ejecutivo espera que el ingreso de divisas contribuya a recomponer reservas y a sostener la estabilidad cambiaria. A mediano plazo, la formalización podría ampliar la base de acceso al crédito y redefinir la relación entre el Estado y los ahorristas, en un esquema que el Gobierno presenta como un cambio estructural en la política tributaria.

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