Un soldado que cumplía funciones de vigilancia murió este martes por la mañana en la Quinta de Olivos, sede de la residencia presidencial, y la Justicia federal inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho, ocurrido en un área de alta seguridad institucional.

El episodio activó de inmediato los protocolos judiciales y de seguridad previstos para la residencia oficial. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado se trasladó a Olivos para supervisar las primeras diligencias junto con efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA). La investigación se centra en reconstruir la secuencia de los hechos, verificar el contexto operativo y establecer si existieron antecedentes relevantes vinculados al servicio o a las condiciones de la guardia.

La muerte de un integrante de las fuerzas asignadas a la custodia presidencial tiene impacto directo en los esquemas de seguridad y en los controles internos de las fuerzas armadas y de seguridad. Las pericias iniciales —balísticas, forenses y de escena— serán clave para definir responsabilidades y descartar la intervención de terceros. El caso también reabre el debate sobre las condiciones de trabajo, la asistencia psicológica y los mecanismos de prevención en tareas de vigilancia de alta exigencia.

En las próximas horas se esperan los resultados preliminares de las pericias y la toma de declaraciones a personal de guardia y superiores jerárquicos. La Justicia evaluará si corresponde ampliar medidas investigativas o disponer auditorías internas. En paralelo, las autoridades podrían revisar protocolos y apoyos para el personal asignado a funciones sensibles mientras avanza el proceso judicial.

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