Un reciente estudio de la Fundación Libertad expuso
profundas diferencias en el gasto político municipal del país, con ciudades
donde el costo por concejal supera ampliamente los presupuestos destinados a
servicios esenciales. El ranking lo encabezan Posadas, Río Gallegos y San
Miguel de Tucumán, donde cada edil representa más de mil millones de pesos
anuales para los contribuyentes.
En la capital misionera, por ejemplo, los 13 representantes
locales demandan $1.442 millones cada uno, cifra que ubica a su Concejo
Deliberante como uno de los más caros del país. Le siguen Río Gallegos, con
$1.388 millones por edil, y la capital tucumana, con más de $1.090 millones. El
informe advierte que, en muchos casos, estas partidas superan varias veces los
fondos asignados a obras públicas y políticas sociales.
El contraste con los municipios más austeros es marcado. En
Comandante Fernández, Chaco, el gasto anual por concejal apenas llega a $24,7
millones, mientras que Junín, en la provincia de Buenos Aires, mantiene uno de
los costos más bajos con $29 millones por representante. La brecha entre
ciudades vecinas también sorprende: Resistencia triplica el gasto por edil
respecto de Corrientes.
Según los especialistas, la principal causa del desbalance
es la estructura salarial de los Concejos Deliberantes. En promedio, el 85% del
presupuesto de estas instituciones se destina al pago de sueldos, con casos
extremos como San Isidro, Vicente López y General Pueyrredón, donde la
proporción alcanza el 99%. Posadas vuelve a figurar en el podio, con 1.585
empleados para 13 concejales, es decir, 122 por cada uno.
El informe concluye que mejorar la eficiencia y revisar el
tamaño de las plantillas podría aliviar la presión sobre los contribuyentes,
especialmente en municipios donde el gasto político compite directamente con
áreas sensibles como salud, infraestructura y desarrollo humano.
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