Un reciente estudio de la Fundación Libertad expuso profundas diferencias en el gasto político municipal del país, con ciudades donde el costo por concejal supera ampliamente los presupuestos destinados a servicios esenciales. El ranking lo encabezan Posadas, Río Gallegos y San Miguel de Tucumán, donde cada edil representa más de mil millones de pesos anuales para los contribuyentes.

En la capital misionera, por ejemplo, los 13 representantes locales demandan $1.442 millones cada uno, cifra que ubica a su Concejo Deliberante como uno de los más caros del país. Le siguen Río Gallegos, con $1.388 millones por edil, y la capital tucumana, con más de $1.090 millones. El informe advierte que, en muchos casos, estas partidas superan varias veces los fondos asignados a obras públicas y políticas sociales.

El contraste con los municipios más austeros es marcado. En Comandante Fernández, Chaco, el gasto anual por concejal apenas llega a $24,7 millones, mientras que Junín, en la provincia de Buenos Aires, mantiene uno de los costos más bajos con $29 millones por representante. La brecha entre ciudades vecinas también sorprende: Resistencia triplica el gasto por edil respecto de Corrientes.

Según los especialistas, la principal causa del desbalance es la estructura salarial de los Concejos Deliberantes. En promedio, el 85% del presupuesto de estas instituciones se destina al pago de sueldos, con casos extremos como San Isidro, Vicente López y General Pueyrredón, donde la proporción alcanza el 99%. Posadas vuelve a figurar en el podio, con 1.585 empleados para 13 concejales, es decir, 122 por cada uno.

El informe concluye que mejorar la eficiencia y revisar el tamaño de las plantillas podría aliviar la presión sobre los contribuyentes, especialmente en municipios donde el gasto político compite directamente con áreas sensibles como salud, infraestructura y desarrollo humano.

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