El sistema judicial laboral argentino enfrentará un año récord: se proyecta que 2025 finalizará con 130.000 nuevas demandas por accidentes de trabajo, mientras que el total de juicios, incluyendo despidos y empleo no registrado, alcanzará 260.000, según estimaciones privadas.

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) alertó que esta judicialización creciente genera costos elevados para empresas y limita la inversión en sectores que requieren mano de obra intensiva. A pesar de la disminución de accidentes graves, la tasa de litigios supera ampliamente a la de países como Chile o España.

Mara Bettiol, presidenta de la UART, destacó que “ninguna reforma podrá cumplir sus objetivos si el sistema continúa bajo esta dinámica judicial”, en referencia a los proyectos de reforma laboral que el oficialismo debatirá próximamente en el Congreso.

Las provincias presentan disparidades notables: Buenos Aires concentra el 40% de los casos, mientras que Salta y Río Negro, con cuerpos médicos forenses más activos, muestran tasas mucho menores. Esto evidencia que la implementación uniforme de peritajes podría reducir la litigiosidad y ofrecer mayor previsibilidad.

El impacto económico es significativo: el 88% de los juicios ingresados corresponde a casos sin incapacidad reconocida, sumando un costo equivalente a casi 7 millones de salarios mínimos. Este fenómeno, que algunos llaman “industria del juicio”, sigue siendo un desafío central para la sostenibilidad del empleo formal en Argentina.

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