El Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Corrientes confirmó la separación preventiva de una de sus oficiales, señalada en publicaciones recientes por su presunta vinculación con una red de trata de personas desbaratada días atrás. La medida fue adoptada de forma inmediata y comunicada oficialmente a la sociedad.

En el parte difundido por la institución, se informó que la funcionaria fue apartada de sus funciones operativas y de contacto con la población penal, “a la espera de que se complete la investigación y se determinen las responsabilidades correspondientes”. El comunicado subraya el compromiso con la transparencia y el respeto a los derechos humanos, pilares que —según el texto— guían el accionar del organismo.

El SPP remarcó que no tolerará ninguna conducta que se aparte de los principios éticos y legales que rigen su funcionamiento. Además, confirmó que ya se iniciaron actuaciones administrativas internas y que la fuerza se encuentra a disposición de la Justicia para colaborar en caso de que se avance con una investigación penal.

Fuentes oficiales señalaron que la medida busca preservar la integridad institucional y garantizar un proceso claro y sin interferencias. Aunque por el momento no se brindaron detalles sobre la causa, la decisión refleja la intención de las autoridades de actuar con celeridad y firmeza frente a delitos de alta gravedad.

El caso generó fuerte repercusión en ámbitos judiciales y penitenciarios, donde se destacó la importancia de mantener controles estrictos y mecanismos internos de prevención para evitar que agentes del Estado puedan verse involucrados en hechos delictivos.

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