El Concejo Municipal de Fayetteville ha aprobado una controvertida ordenanza que establece un toque de queda para adolescentes, con posibles multas de hasta 500 dólares para los padres cuyos hijos de 16 años o menos lo incumplan. La medida, aprobada por una ajustada votación de 5 a 4, busca frenar un aumento sostenido de delitos cometidos por menores en la ciudad.

La ordenanza, que entra en vigor de inmediato como parte de un plan piloto de doce meses, prohíbe que los menores de 16 años estén en lugares públicos entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. El alcalde Mitch Colvin, quien ha liderado la ciudad por ocho años, defendió la iniciativa no como una restricción, sino como una herramienta de protección para los jóvenes. "A veces tenemos que tomar decisiones difíciles, pero nuestra comunidad y nuestra ciudad merecen tener un entorno seguro y protegido, y nuestros niños necesitan protección", afirmó Colvin a Newsweek, esperando que los padres también lo vean como un esfuerzo conjunto.

La decisión surge en respuesta a un alarmante incremento en los incidentes delictivos que involucran a jóvenes. Según datos proporcionados por el alcalde, los crímenes juveniles pasaron de 1.500 a casi 2.000 en un lapso de 15 meses entre 2023 y principios de 2024. Entre los delitos más comunes se encuentran agresiones, robos de vehículos (especialmente modelos Hyundai y Kia) y posesión ilegal de armas. "No podemos seguir permitiendo que nuestros jóvenes no solo cometan estos errores, sino que muchas veces también sean víctimas de estos crímenes", señaló Colvin.

Aunque la criminalidad general ha disminuido durante su gestión, el alcalde enfatiza que la tendencia al alza en los crímenes juveniles exige medidas urgentes y específicas.

Implementación gradual y excepciones

La aplicación de la nueva normativa será gradual. Una reunión el próximo 9 de junio definirá los detalles y se iniciará una campaña de información para la comunidad. La ordenanza contempla excepciones: los menores podrán estar fuera durante el toque de queda si enfrentan una emergencia, si están en el trabajo, participan en una actividad escolar o si se encuentran acompañados por sus padres o tutores legales. Sin embargo, aún no se ha especificado qué entidad será la responsable de verificar el cumplimiento o de imponer las multas.

La penalización económica a los padres ha generado preocupación en algunos sectores sociales, quienes temen que la medida pueda derivar en una criminalización indirecta de la pobreza.

Críticas desde la sociedad civil

Organizaciones comunitarias han expresado dudas sobre la eficacia del toque de queda para abordar las causas profundas de la violencia juvenil. Dinesha Neal, directora de la Jai6 Youth Foundation, argumentó a CBS 17 que "parece que no hay una solución real. Hay tantos programas que necesitan financiamiento. Las autoridades necesitan ver lo que realmente está pasando en la comunidad". Neal advierte que el enfoque represivo podría ser insuficiente y desviar la atención de necesidades estructurales como el acceso a programas educativos y oportunidades de desarrollo. "¿El toque de queda va a criminalizar a nuestros jóvenes? ¿Es eso algo más en lo que ahora tendremos que enfocarnos?", cuestionó.

El futuro del programa piloto dependerá de los resultados obtenidos durante su primer año, aunque no se han establecido aún indicadores claros de éxito ni mecanismos de evaluación externa. Mientras tanto, las familias de Fayetteville se adaptarán a esta nueva normativa, que reaviva el debate sobre el equilibrio entre la seguridad pública y los derechos de la juventud.