El Gobierno nacional buscará la próxima semana obtener
dictamen favorable en la Cámara de Diputados para avanzar con los proyectos de
ley que proponen la reducción de la edad de imputabilidad. El martes se reunirá
el plenario de comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda,
Familia, Niñez y Juventudes, y Justicia, donde se espera que el oficialismo,
tras ceder en su propuesta inicial, consiga el apoyo necesario para impulsar la
iniciativa.
Si bien el proyecto original enviado por el Poder
Ejecutivo, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el
ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, planteaba bajar la edad de
imputabilidad a 13 años desde los 16 actuales, La Libertad Avanza habría
llegado a un acuerdo con otras fuerzas políticas como el PRO y la UCR, el MID y
otros bloques minoritarios, para establecer la edad en 14 años. Este consenso
permitiría al oficialismo obtener el dictamen de mayoría en el plenario, donde se
debaten un total de 14 proyectos sobre la temática, que van desde reducir la
edad a 12 años hasta mantenerla en 16.
Además de la edad mínima de imputabilidad, las iniciativas
en discusión contemplan las sanciones aplicables a los menores que cometan
delitos. La mayoría de los textos incluyen medidas alternativas a la prisión,
como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibiciones de conducir o de
acercamiento, y reparaciones a las víctimas, buscando un equilibrio entre la
justicia y la reintegración social de los jóvenes.
Un punto central en el debate es el de las penas. Mientras
la propuesta original del oficialismo establecía un límite de 20 años para las
penas privativas de libertad de los menores, los proyectos de la oposición
dialoguista proponen un máximo de 15 años. En todos los esquemas se mantiene la
prohibición de imponer penas de reclusión perpetua o prisión perpetua a los
menores.
Otro aspecto crucial que genera debate, aunque el foco
principal esté en la edad, es la cuestión de los centros de detención para
menores. Legisladores de diversos bloques han advertido que la reducción de la
edad de imputabilidad podría aumentar la cantidad de jóvenes detenidos,
señalando la falta de infraestructura adecuada en el sistema actual. Asimismo,
el proyecto de ley no contempla una partida presupuestaria para la construcción
de nuevos centros de detención para menores de 18 años.
P.D.J.S.