Un importante rediseño del sistema de subsidios a las tarifas de electricidad se avecina en Argentina. Según datos oficiales del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), actualmente unos 9,5 millones de hogares, lo que representa casi el 60% del total de usuarios residenciales del país (16.375.270), se benefician de algún tipo de subvención. De este total, 6,2 millones corresponden a familias de ingresos bajos (Nivel 2) y 3,2 millones a hogares de ingresos medios (Nivel 3), quienes acceden a un descuento menor en un bloque de consumo limitado. El 42% restante, unos 6,9 millones de hogares de ingresos altos (Nivel 1), abonan la tarifa plena.

Sin embargo, este panorama está por cambiar. El Gobierno de Javier Milei se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a implementar un nuevo esquema de asistencia energética antes de fin de año, con el objetivo primordial de reducir la cantidad de beneficiarios y acelerar el recorte del gasto público. La intención es reemplazar la actual segmentación en tres niveles por una ayuda única, focalizada exclusivamente en los hogares en situación de vulnerabilidad.

Esta modificación implicaría la exclusión de aproximadamente 3,2 millones de usuarios de clase media que actualmente reciben subsidios en sus facturas de luz. Además, se prevé que una porción de los considerados vulnerables podrían quedar fuera del sistema por falta de acreditación o inconsistencias en los datos, un desafío reconocido por la Secretaría de Energía ante la complejidad del cruce de información.

Si bien la implementación del nuevo régimen será gradual y no se esperan cambios significativos en lo que resta de 2025, la Secretaría de Energía ya ha aplicado una reducción escalonada en los descuentos para los usuarios residenciales. La aceleración de la inflación y la proximidad del calendario electoral son factores que influyen en las decisiones del Ejecutivo.

La titular de la cartera energética, María Tettamanti, será la encargada de llevar adelante esta reestructuración. A la incertidumbre sobre la cantidad final de beneficiarios se suma ahora la interrogante sobre el impacto de una posible devaluación tras la salida del cepo cambiario. No está claro si el aumento del tipo de cambio se trasladará directamente a las facturas de los usuarios o si será absorbido mediante un mayor esfuerzo en subsidios durante la transición.

En paralelo a la revisión del esquema de subsidios, el Gobierno avanza en la desregulación del mercado eléctrico, otro punto clave del acuerdo con el FMI. La reciente Resolución 21/2025 habilita a las empresas generadoras y distribuidoras a celebrar contratos de libremente, sin la intermediación de CAMMESA, buscando un modelo similar al de los años noventa. Este cambio, sin embargo, genera debates internos y plantea interrogantes sobre el rol futuro de los subsidios en un mercado más competitivo.

Desde diciembre de 2023, las tarifas de electricidad en el AMBA para usuarios sin subsidios acumulan un aumento del 264%, mientras que las de gas se dispararon un 622%. La eliminación del esquema actual de subsidios es fundamental para avanzar en la reforma del mercado mayorista de electricidad, prevista para noviembre de 2025, con el objetivo de mejorar la competencia y aliviar la presión financiera sobre el sector energético.

Finalmente, la Secretaría de Energía se encuentra en la etapa final de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) con transportistas y distribuidoras, un proceso que definirá un sendero de inversión, aumentos tarifarios y un mecanismo de actualización mensual, previéndose subas en términos reales a cambio de mejoras en la calidad del servicio, especialmente para las distribuidoras del AMBA.

Por P.D.J.S.