La tensión por los precios sumó un nuevo actor de peso: los supermercados mayoristas. Tras el pronunciamiento de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), que nuclea al sector que abastece a almacenes y supermercados de cercanía (representando el 70% de las ventas), también alzó su voz contra las subas de hasta el 10% que están aplicando algunas empresas alimenticias tras el levantamiento del cepo y la implementación del nuevo esquema cambiario.

Armando Farina, vicepresidente de Cadam, fue contundente al señalar: “Ante la reciente liberación del cepo cambiario, desde el sector mayorista, expresamos nuestro rechazo a las listas de precios que están llegando con aumentos injustificados”. Esta postura se alinea con la celebración del ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó la decisión de la alimenticia Molinos de retrotraer sus aumentos, atribuyéndolo a una "gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes".

Farina argumentó que “la liberación del cepo no representa una devaluación, sino la apertura positiva del mercado. Ya de por sí, las empresas operaban con el dólar MEP o Contado con Liqui, que incluso registraron una baja tras la apertura del dólar oficial, lo que refuerza la idea de que no hay fundamentos para remarcar precios. Además, el nuevo tipo de cambio oficial liberado está orientado exclusivamente a personas físicas, por lo que no afecta directamente la operatoria de las empresas”.

El representante de los mayoristas hizo un llamado a la responsabilidad de los proveedores para evitar “distorsiones y especulaciones que sólo generan incertidumbre y afectan el normal funcionamiento del comercio”. En este sentido, Farina apuntó a que “el verdadero problema de la economía no es el dólar, sino los impuestos (especialmente los distorsivos como son los IIBB y tasas municipales) y los ‘costos ocultos’ que se trasladan a precios”, mencionando seguros obligatorios, aportes sindicales y otros cargos que se acumulan a lo largo de la cadena comercial.

Cadam también se refirió a los "costos ocultos" que impactan en el precio final al consumidor, incluyendo el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap), una medida que el Gobierno ya revirtió.

La postura de los mayoristas se suma a la firme advertencia del subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, quien afirmó que “no hay motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores” y aseguró que estas listas serán rechazadas por toda la cadena comercial.

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) ya había emitido un comunicado en la misma línea, reafirmando su “firme propósito de no aceptar listas de precios de nuestros proveedores que contengan aumentos desmedidos y/o especulativos” y su compromiso de ofrecer productos de calidad al mejor precio.

De esta manera, la presión sobre las empresas alimenticias por sus políticas de precios se intensifica, con el fuerte rechazo tanto de las grandes cadenas de supermercados como de los mayoristas que abastecen al comercio de cercanía.

Por P.D.J.S.