La vicepresidente Cristina Fernández tendrá mañana a las 9.30 la oportunidad de dirigirse por última vez al Tribunal que la juzga, junto a otros 12 imputados, por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La del martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse también ese día.

La Vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y, en ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Las últimas palabras son un derecho de los imputados en juicios orales y pueden optar por no hacer uso.

Desde que se inició el debate, hace más de tres años y medio, la expresidenta habló dos veces ante los jueces: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, de manera previa a la pandemia de covid-19; y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa.

“Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente”, sostuvo en su indagatoria en diciembre de 2019 y aseguró que “así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial”, dijo en relación a la presidencia de Mauricio Macri.

El juicio “está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado”, dijo entonces al calificar como “una vergüenza” a la acusación.

En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la vicepresidenta y presidenta del Senado habló al Tribunal de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria como parte del alegato final de su defensa y por su condición de abogada.

Fernández dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron “un claro caso de prevaricato”.

“La acusación de los fiscales viola la Constitución” porque “un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita”, argumentó en el alegato, en el que su defensor Carlos Beraldi reclamó la absolución.

La Vicepresidenta se dirigió al Tribunal luego de haber sido víctima el 1 de septiembre de un intento de homicidio cuando regresaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.