Tras ganar en Londres, tenedores de bonos ligados al PBI exigen en Washington D.C. el pago de u$s 1.443 millones adeudados, denunciando la falta de propuesta del Gobierno argentino. -/- Por PGDJ.
Los tenedores de bonos atados al PBI presentaron este lunes
una nueva demanda contra Argentina, esta vez ante la Corte del Distrito de
Columbia, en Washington D.C. El reclamo asciende a U$S 1.443 millones en
concepto de indemnización que el Gobierno aún no ha pagado, a pesar de que los
bonistas ya obtuvieron sentencias favorables en los tribunales británicos.
Fallo británico ignorado y nuevas acciones legales
La acción legal en Estados Unidos busca que la justicia
norteamericana reconozca y haga cumplir la sentencia emitida por el Tribunal
Superior de Londres, un fallo que fue ratificado por el Tribunal de Apelaciones
y la Corte Suprema británica. Según denunciaron los bonistas, representados por
el estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, "a pesar de no
contar con más vías de apelación, Argentina no ha presentado a los demandantes
ninguna propuesta de pago de las sumas adeudadas conforme a las sentencias
dictadas en Inglaterra, ni ha respondido formalmente a las propuestas que le
fueron acercadas".
Hasta el momento, solo se ha ejecutado una garantía de unos
U$S 325 millones que el país había depositado en marzo de 2024 para apelar sin
éxito. Sin embargo, todavía restan por cancelar aproximadamente U$S 1.150
millones. Fuentes oficiales han indicado que este es el quinto litigio más
relevante para el país en términos del monto a pagar.
El origen del conflicto: Cambio en el cálculo del PBI
La disputa se origina en el bono atado al PBI, un
instrumento financiero creado en el canje de deuda de 2005. Este bono
establecía que Argentina debía pagar intereses a los bonistas si su economía
crecía anualmente más del 3%, hasta el año 2035. Argentina no realiza estos
pagos desde 2011, cuando dejó de registrar ese nivel de crecimiento.
La base de la demanda se centra en un cambio realizado por
el INDEC durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner sobre el
cálculo del nivel de la economía argentina. Al actualizar la base de cálculo
del PBI (que era de 1993), la estimación del PBI de 2013 resultó menor a la que
se proyectaba con la metodología anterior. Esto llevó a que el INDEC informara
un crecimiento menor al 3,22% en ese año, cuando con la base de 1993 se habría
registrado un 4,9%. En aquel momento, el gobierno kirchnerista se ahorró el
pago de más de U$S 3.600 millones en intereses, lo que desencadenó los litigios
con los inversores.
Los abogados de los bonistas advirtieron que un
"acceso efectivo" a los mercados internacionales, objetivo explícito
del programa con el FMI, no será posible mientras el país continúe incumpliendo
las sentencias emitidas por la justicia inglesa.
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