El Gobierno busca activar más de 10 decretos antes del 8 de julio para reducir la planta y centralizar organismos, con foco en Economía y Salud. -/- Por PGDJ.
Tras concluir su gira de diez días, el presidente Javier
Milei regresa este sábado a la Casa Rosada para poner en marcha una serie de
medidas gubernamentales clave. La urgencia radica en la fecha de expiración, el
próximo 8 de julio, de las facultades delegadas obtenidas por el Gobierno en la
Ley Bases sancionada el año pasado. Estas facultades permiten la implementación
de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y decretos administrativos sin la
obligatoriedad de pasar por el Congreso Nacional.
Se estima que hay alrededor de 13 decretos en carpeta que
necesitan ser publicados en las próximas semanas. Estas iniciativas abordan la
reducción de gastos, el cierre de áreas y la centralización de organismos
descentralizados. Un informe reciente de la Dirección Nacional de Diseño
Organizacional del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado
reveló que la Administración Pública Nacional cuenta con 111 organismos, de los
cuales 40 son desconcentrados y 71 descentralizados, sumando un total de 477
autoridades superiores.
Una de las últimas medidas concretadas bajo estas
facultades fue la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos en un
organismo desconcentrado dependiente de la Jefatura de Gabinete. Según explicó
Federico Sturzenegger, la distinción entre un organismo desconcentrado y uno
descentralizado radica en que este último duplica áreas de contabilidad,
liquidación de sueldos y compras, una burocracia que podría ser centralizada.
La mayoría de las reformas pendientes se concentran en los
Ministerios de Salud, Capital Humano y Economía. En este último, las
principales secretarías apuntadas son Transporte, Agricultura e Industria.
Desde una de estas áreas explican que el proceso de confección de estas
reformas es complejo, involucrando un tedioso proceso de correcciones por parte
de las áreas Legales del ministerio a intervenir, el Ministerio de
Desregulación y la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, a cargo de
María Ibarzábal.
La elección del momento para comunicar estas medidas es
crucial, ya que el Gobierno, sin iniciativa propia en el Congreso y dependiente
de la marcha de la economía, las utiliza como "balas
comunicacionales" clave. Dada la agenda de la próxima semana, que incluye
un feriado el lunes y la posible detención de Cristina Kirchner, altos mandos
de la comunicación libertaria indicaron que no se prevé que se impulsen estas
medidas en los primeros días.
Una de las reformas más significativas se enfoca en el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un organismo autárquico
bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura. El objetivo es ajustar su
presupuesto, reducir personal y desprenderse de un segmento de sus 450 sedes,
además de modificar su gobernanza y considerar la venta de campos o
propiedades. Otros organismos en la mira incluyen el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC).
A pesar de haberse anunciado hace más de tres meses, el
Gobierno aún no reglamentó los cambios en el Instituto Nacional del Cáncer
(INC), buscando eliminar la duplicidad de tareas y transferir los programas, el
acceso a medicamentos y los tratamientos directamente al Ministerio de Salud,
asegurando su continuidad.
Todas estas medidas responden directamente a la premisa de
reducción del gasto estatal y de la dotación de la Administración Pública
Nacional. Hasta abril de este año, el número de contratados era de 292.801, una
baja de casi 30.000 empleados en un año.
Surge la pregunta sobre el futuro del Ministerio de
Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Sturzenegger, una
entidad creada poco antes de la Ley Bases. Funcionarios de Casa Rosada teorizan
que esta área podría reestructurarse una vez finalizadas las facultades
extraordinarias, manteniendo la capacidad de desregulación a través de
sugerencias de derogaciones a otras carteras gubernamentales, aunque con
reformas de menor envergadura que las realizadas mediante DNU.
Una de las áreas que se mantendrá inalterada es el diseño y
la ejecución de políticas relativas al empleo público. Sturzenegger es quien
convalida los incrementos para los empleados de la Administración Pública
Nacional, a través de la subsecretaria de Desarrollo y Modernización del Empleo
Público, María Rosana Reggi.
Existe un fuerte malestar en el sector de los
monotributistas que se rigen por el Decreto 1109/17, quienes no han recibido
incrementos en el valor de las Unidades Retributivas desde octubre. Esta
situación, sumada al congelamiento salarial de directores, subsecretarios y
secretarios de la Nación desde diciembre de 2023, ha llevado a los responsables
de las carteras a "administrar las UR como si fuesen oro". El
Presidente se ha negado a descongelar los salarios para la plana mayor del
Gobierno, lo que, según diversas fuentes del Gobierno, dificulta la retención
de personal calificado.
El sector lácteo experimenta un auge impulsado por la estabilidad macroeconómica y la eliminación de retenciones, duplicando el precio pagado al productor. -/- Por PGDJ.
Un estudio revela que el gasto provincial creció tres veces más rápido que el nacional en el primer cuatrimestre, revirtiendo parte del ajuste inicial. -/- Por PGDJ.
Por tercer año consecutivo, la celebración del Día del Padre registró una baja en las ventas minoristas. Los consumidores optaron por productos económicos y promociones, en un escenario de cautela. -/- Por PGDJ.
La Casa Rosada busca reformar el esquema de subsidios al gas, eliminando el fideicomiso y otorgando ayuda económica directa a los beneficiarios desde el Tesoro Nacional. -/- Por PGDJ.
El Gobierno busca estabilizar la economía tras el acuerdo con el FMI, emitiendo nueva deuda en dólares y optimizando créditos internacionales para robustecer las reservas y controlar la inflación. -/- Por PGDJ.