La relación entre el Gobierno Nacional y las provincias sumó un nuevo capítulo con la adhesión de Catamarca al plan de "dólares del colchón". El gobernador Raúl Jalil rubricó hoy el convenio con el ministro de Economía, Luis Caputo, marcando la primera firma al denominado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros, que busca flexibilizar controles impositivos para que los argentinos blanqueen sus divisas, acompañado de un proyecto para modificar la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Fiscal.

Hasta el momento, 17 provincias han manifestado su satisfacción con el plan, tras una reunión técnica por videollamada el pasado martes, encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro Caputo, entre otros. Sin embargo, gobernadores de peso como Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Axel Kicillof (Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja), así como el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri (CABA), se ausentaron, algunos por desacuerdo y otros por no haber sido invitados.

En este contexto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que se convocará a cada provincia a firmar un nuevo convenio de intercambio de información. Advirtió que las jurisdicciones que no adhieran "van a perder el acceso a la información de facturación de personas y empresas, y tampoco podrán estar al tanto de los consumos que superen los nuevos umbrales fijados por ARCA".

La firma de Jalil es la primera de al menos cuatro que se esperan en los próximos días. El Gobierno no prevé una asamblea conjunta, sino que los mandatarios irán adhiriendo individualmente a medida que se "convenzan" de la necesidad de rubricar antes de que el proyecto de ley llegue al Congreso.

Desde la Provincia de Buenos Aires, en cambio, si bien reconocen que la normativa puede ser positiva en términos recaudatorios, expresan su preocupación por la falta de seguridad jurídica. El titular de ARBA, Cristian Girard, afirmó: "No hay garantías para los ahorristas para que utilicen fondos que no están declarados. Ni siquiera hay garantías para los funcionarios de las agencias de recaudación que tienen como deber, si detectan que un fondo no está declarado, averiguar el origen de esos fondos, porque no se modificó la ley". Pese a la alusión explícita de Adorni a Kicillof, desde su entorno afirman que avalarían los cambios, pero con la modificación de las leyes tributarias.

Adorni confirmó a Infobae que el proyecto de blindaje para la regularización de ahorros en dólares no declarados será girado al Congreso de manera inminente, esperando una rápida aprobación. El oficialismo cree que la medida beneficiará directamente a las provincias y que contará con el apoyo de gobernadores con bloques propios o legisladores afines.

Reclamo por la Coparticipación en agenda

En paralelo a la discusión por el blanqueo de capitales, las provincias que integran el Consejo Federal de Inversiones (CFI) se reunirán el próximo martes por videollamada para debatir un reclamo conjunto sobre la eventual merma de fondos coparticipables que proyectan para fin de 2025. Esto surge tras un informe del CFI que anticipa un 4% menos (en términos reales) de transferencias automáticas.

Aunque algunas provincias aún no confirmaron su asistencia, un sondeo indica que la gran mayoría de los gobernadores participarán. "Queremos sostener el federalismo con una agenda de país federal", dijo el pampeano Sergio Ziliotto, cuya provincia tiene la peor proyección para este año con una variación de -6,1% en términos reales.

Además, algunos gobernadores buscarán impulsar la reactivación de obras de infraestructura, como las rutas nacionales. "Las rutas nacionales son responsabilidad del presidente de la Nación, para eso cobra un impuesto todos los días por cada litro de nafta y diesel que se carga en el país. Hay un dinero que va a reparar rutas, pero que no va a reparar rutas. No lo están haciendo y tienen que hacerse cargo", declaró Lisandro Enrico, ministro de Infraestructura de Santa Fe.

Otro punto de tensión es la judicialización de la falta de transferencia de las cajas previsionales. Si bien el Gobierno busca encauzar este tema a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), que busca cancelar deudas mutuas entre Nación y las provincias, casos como el de Córdoba —que logró que la Corte Suprema mediara y le reconociera una deuda de $60 mil millones— han incentivado a otras provincias a buscar audiencias de conciliación. "Vieron la oportunidad y entraron como locos", comentó una fuente judicial.