El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 366/2025, ha implementado una profunda reforma migratoria que busca endurecer los criterios para la residencia de extranjeros y agilizar los procesos de deportación para quienes cometan delitos en el país. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece además mayores controles en las fronteras y ajustes en la regularización de la situación de los inmigrantes.

La reforma introduce cambios significativos en la Ley de Migraciones N° 25.871. Se redefinen las categorías de residencia y se aplican criterios más estrictos para la admisión y permanencia de extranjeros, con el objetivo de prevenir el ingreso de personas que puedan representar un riesgo para la seguridad pública y asegurar que la inmigración sea legal y con propósitos claros y legítimos.

Entre las modificaciones, el artículo 6 de la ley ahora especifica que, si bien el Estado asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a la protección y derechos de los nacionales, esto será "de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria". Sin embargo, se mantiene que, aun con condición migratoria irregular, los extranjeros deben ser admitidos en establecimientos educativos iniciales, primarios o secundarios, tanto públicos como privados.

En cuanto al sistema de salud, se aclara que en casos de emergencia no se podrá negar la asistencia sanitaria. Los extranjeros con residencia permanente podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos. No obstante, en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional, se requerirá un seguro de salud o la cancelación previa del servicio para tratamientos médicos o atención sanitaria habitual, según lo que determine el Ministerio de Salud.

Las nuevas disposiciones exigen que los extranjeros presenten una declaración jurada al ingresar al país, manifestando los motivos de su entrada y comprometiéndose a no desvirtuarlos. Se refuerza el control sobre la autenticidad y veracidad de la documentación, y se endurecen las sanciones para quienes ingresen de manera irregular o presenten documentos falsos.

Respecto a la educación superior, el decreto estipula que los estudios de grado de gestión estatal serán gratuitos para ciudadanos argentinos y para todo extranjero con residencia permanente. Las universidades públicas, no obstante, podrán establecer retribuciones por los servicios educativos para aquellos que no cumplan con esta condición. Aun así, se aclara que quienes no tengan residencia permanente podrán acceder a becas si así lo contemplan los estatutos o convenios.

Finalmente, la reforma contempla la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con el objetivo de fomentar la inversión extranjera a través de la concesión de la ciudadanía a quienes realicen inversiones significativas. Esta medida busca atraer capitales y generar empleo.

Las reformas oficializadas buscan adaptar la política migratoria argentina a los desafíos actuales, garantizando que el país siga siendo un destino atractivo, pero bajo un marco legal que priorice la seguridad y el bienestar de todos sus habitantes.