El gobierno de España está implementando una medida que facilitará el acceso a la ciudadanía a personas con ciertos apellidos de origen español en su linaje familiar. Esta iniciativa, enmarcada en la Ley de Memoria Democrática, busca simplificar el proceso para un número creciente de ciudadanos latinoamericanos.

La Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en 2022, ha generado un incremento significativo en las solicitudes de nacionalidad. La legislación reconoce el derecho de hijos y nietos de españoles a recuperar la ciudadanía de sus ancestros, especialmente aquellos cuyas familias emigraron durante la dictadura franquista, la Guerra Civil, o por motivos económicos.

Reparación histórica y apellidos clave

El Ministerio de Justicia destaca que esta medida es una "reparación histórica" que busca reconocer el desarraigo sufrido por muchas familias a lo largo del siglo XX. Un aspecto central de esta iniciativa es la difusión de listados de apellidos que, por su origen geográfico y frecuencia en España, podrían indicar una relación de parentesco directa. Aunque no es una condición excluyente, contar con uno de estos apellidos puede simplificar la acreditación del vínculo familiar, especialmente si se dispone de documentación de respaldo.

Entre los apellidos más comunes que figuran en las solicitudes aceptadas bajo la Ley de Memoria Democrática se encuentran:

Apellidos muy difundidos: García, Fernández, Rodríguez, Pérez, López, Sánchez, Martín, Gómez, Jiménez y Díaz.

Apellidos con identidad regional fuerte:

Vasco: Ibarra, Echeverría y Aramburu.

Andaluz: Cabrera, Domínguez y Romero.

Norte de España: Alonso, Suárez y Prieto.

Proceso y plazos para la solicitud

Para quienes deseen solicitar la ciudadanía española por descendencia, el proceso se inicia en el consulado español del país de residencia. Es fundamental presentar documentos que prueben el vínculo familiar con el ciudadano español de origen. En casos donde los ascendientes hayan fallecido, se pueden utilizar archivos históricos o registros civiles.

El Ministerio de Justicia recuerda que la Ley de Memoria Democrática contempla un plazo de aplicación de dos años desde su entrada en vigor, aunque este podría ser prorrogado. Por ello, se recomienda iniciar el trámite lo antes posible.

Una fuente del Consulado de España en Buenos Aires señaló: "Hay un interés creciente, especialmente desde países como la Argentina, México, Colombia, Cuba y Uruguay, donde el vínculo con España es muy fuerte". Este proceso no solo ofrece la nacionalidad española, sino también los beneficios de un pasaporte comunitario europeo.