Locales: Amenazas en escuelas: advierten penas de prisión y demandas millonarias
21/04/2026 | 2026 visitas
El Ministerio Público alerta por mensajes intimidatorios en escuelas y advierte consecuencias penales y económicas para las familias. -/- Por PGDJ.
El Ministerio Público de Corrientes emitió un comunicado dirigido a estudiantes y familias ante el aumento de amenazas en establecimientos educativos, y remarca que se trata de delitos con consecuencias legales.
El organismo advierte que estas conductas, lejos de ser
bromas o desafíos virales, están contempladas en el Código Penal Argentino y
pueden derivar en sanciones severas.
Delitos tipificados y penas previstas
El documento detalla que las amenazas anónimas pueden
implicar penas de hasta tres años de prisión, mientras que los casos de
intimidación pública alcanzan hasta seis años.
Además, si los mensajes incluyen referencias a explosivos o
sustancias peligrosas, las penas pueden escalar hasta diez años de cárcel.
Desde el organismo señalan que, incluso cuando se intenta
ocultar la identidad, existen rastros digitales y físicos que permiten
identificar a los responsables.
Impacto en la comunidad educativa
Las autoridades explicaron que este tipo de hechos genera
consecuencias concretas: afecta la salud emocional de estudiantes y docentes,
interrumpe el normal funcionamiento escolar y activa operativos de seguridad.
Cada alerta moviliza recursos policiales y de emergencia
que podrían destinarse a situaciones reales.
Responsabilidad civil para las familias
El Ministerio Público subrayó que no solo hay consecuencias
penales para los autores, sino también económicas para su entorno.
Los padres o tutores podrían enfrentar demandas civiles
para cubrir los costos de los operativos desplegados, lo que puede traducirse
en montos elevados.
Recomendaciones ante mensajes intimidatorios
Ante la aparición de amenazas, el organismo recomienda no
difundir el contenido en redes sociales o grupos de mensajería para evitar
generar pánico.
También solicita informar de inmediato a las autoridades
escolares y colaborar con datos que permitan identificar a los responsables.
El comunicado cierra con una advertencia directa: una
acción de este tipo puede tener consecuencias duraderas en la vida de quienes
la cometen y su entorno, por lo que buscan desalentar estas prácticas y
reforzar la prevención en la comunidad educativa.
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